Sin contar aún con los 77 votos necesarios, este martes la Asamblea Nacional conocerá el informe final sobre la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que plantea el establecimiento de bases militares extranjeras con fines militares en territorio nacional.
El sector oficialista, señala la asambleísta de ADN Inés Alarcón, confía en que los votos de Pachakutik apoyen la iniciativa de obtener cooperación internacional para enfrentar el conflicto armado interno, pues nadie puede ser ajeno a lo que vive el país por las olas de inseguridad, el crimen y la delincuencia organizada.
La bancada ADN cuenta al menos con 72 votos, incluyendo a sus aliados.
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“Nosotros aspiramos a tener los votos necesarios para darle la cooperación internacional al país dejando de lado cualquier diferencia política, pues la seguridad no tiene ideología, es un derecho constitucional”, anotó.
Admitió que aún no se tienen los 77 votos seguros para dar paso a la reforma al artículo 5 de la Constitución. “Esperamos que a través del debate podamos definir si hay o no los votos, nosotros hemos consolidado una mayoría; esperamos que se mantenga así”, puntualizó.
Raúl Chávez, legislador nacional por la alianza RC-RETO, señaló que para enfrentar a la delincuencia organizada y el narcotráfico se necesita tener un plan claramente establecido a partir de metas y objetivos. “Y si las bases extranjeras, dentro de ese plan, van a permitir que tengamos los resultados que buscamos, entonces analicemos, pero tampoco juguemos con los sentimientos de las personas, que con un par de acciones aisladas van a generar la seguridad que es lo que todos buscan”.
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Más allá de desbloquear con una reforma la Constitución, lo importante es que se genere un plan responsable que todos los ecuatorianos puedan conocer, dijo. Aún no se conoce el plan de seguridad.
Su posición frente al proyecto de reforma al artículo 5 de la Constitución está en análisis, afirmó.
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A criterio de la legisladora del movimiento Pachakutik Mariana Yumbay, no se requiere de una reforma ni cercenar el artículo 5 de la Constitución, dado que la misma norma constitucional habla ya de la cooperación internacional.
Indicó que mientras se trató la reforma parcial en la mesa ocasional varios comparecientes hablaban de la falta de recursos para equipar con tecnología de punta a las Fuerzas Armadas para dotar del equipo necesario.
Dijo que si bien no se requiere de una reforma al artículo 5 de la Constitución, su posición personal es que se incorpore un inciso adicional, dejando la excepcionalidad donde se autorice el apoyo de la cooperación internacional.
Trámite
El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución a través del Decreto Ejecutivo n.º 425, donde propone reformar el artículo 5 de la Constitución de la República a través de la siguiente pregunta:
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Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
El anexo de la pregunta señala: Sustitúyase el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente: Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz.
El informe sostiene que la reforma al artículo 5 de la Constitución se sustenta sólidamente en diversos instrumentos internacionales ratificados por Ecuador que promueven la seguridad cooperativa frente a amenazas transnacionales, mientras que el dictamen previo de la Corte Constitucional y la aprobación legislativa con condiciones específicas garantizan plenamente que las bases militares extranjeras operen en estricto cumplimiento de los intereses nacionales y con absoluto respeto a la soberanía ecuatoriana, constituyendo así una respuesta necesaria ante la actual crisis de seguridad que enfrenta el país.
La reforma al artículo 5 permitiría al Ecuador establecer acuerdos bilaterales con países aliados que poseen tecnología avanzada, sistemas de inteligencia de última generación y recursos logísticos que actualmente no están disponibles para las fuerzas nacionales.
Además, la cooperación internacional podría incluir programas de capacitación y transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo de capacidades locales a largo plazo y fortaleciendo la institucionalidad en áreas críticas como la seguridad y la justicia.
La presencia de bases militares extranjeras en puntos estratégicos del territorio nacional, como fronteras y puertos, actuaría como un elemento disuasivo frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
En el informe se señala que la reforma también responde a la conveniencia de abordar la realidad de un Ecuador que enfrenta niveles alarmantes de violencia y control territorial por parte de redes delictivas.
Por lo tanto, la instalación de bases militares extranjeras permitiría un control más eficiente de las rutas de tráfico ilícito, especialmente en zonas críticas como el océano Pacífico y las fronteras con Colombia y Perú, donde se concentra gran parte del flujo de drogas y armas. Además, la vigilancia aérea y marítima de estas bases fortalecería la protección territorial, reduciendo los niveles de violencia y garantizando la estabilidad social y económica del país.
Este enfoque estratégico, añade, permitiría al Ecuador recuperar territorios controlados por redes delictivas y proteger a las comunidades vulnerables que han sido afectadas por el crimen organizado.
En el informe aprobado por la mesa ocasional se señala que la presencia de bases militares extranjeras podría ser utilizada como un punto de coordinación para esfuerzos multilaterales, posicionando al Ecuador como un actor clave en la seguridad regional. Este enfoque no solo contribuiría a la estabilidad interna, sino que también mejoraría la imagen internacional del país como un socio confiable en la lucha contra las amenazas transnacionales, atrayendo inversiones y fortaleciendo su posición geopolítica en la región.
Pues la expulsión de bases militares extranjeras y organismos internacionales de apoyo al combate contra el narcotráfico en Ecuador dejó a las fuerzas nacionales sin acceso a equipamiento tecnológico avanzado, capacidades de interdicción aérea y marítima, y redes de inteligencia especializadas.
Esta situación ha sido aprovechada por organizaciones multicriminales que operan en el país, adaptándose rápidamente y expandiendo su control territorial, especialmente en zonas fronterizas y portuarias, donde los niveles de violencia armada han alcanzado cifras históricas, provocando desplazamientos forzados de población.
En el texto se resalta que la violencia que hoy afecta a Ecuador no es un fenómeno aislado. El crimen organizado que opera en el país está vinculado con carteles mexicanos, pandillas centroamericanas, fuerzas irregulares colombianas, mafias europeas y organizaciones asiáticas y africanas.
El arsenal de estas organizaciones incluye armamento de guerra, como fusiles automáticos, granadas y metrallas antiaéreas, que superan ampliamente las capacidades de las fuerzas de seguridad locales. Ignorar esta realidad y asumir que puede enfrentarse sin asistencia internacional sería irresponsable.
A nivel económico, el país no cuenta con los recursos suficientes para modernizar su infraestructura militar en el corto plazo; por tanto, la cooperación internacional representa una vía estratégica y necesaria. Las bases extranjeras no solo aportarían capacidad de respuesta inmediata, sino también transferencia de tecnología, formación especializada y recursos materiales para combatir delitos como el tráfico de drogas, armas y personas. (I)
