Una docena de testigos intervienen en la primera parte de la audiencia de acción de protección que exige la entrega de ‘recursos suficientes’ para la Función Judicial

Con la sala del piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito, totalmente completa y con la presencia de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), es como instaló la jueza de Pichincha Cecilia Pareja la audiencia en la que se analizará la acción de protección presentada contra el primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena ; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, para exigir al Ejecutivo el presupuesto suficiente para la Función Judicial. En los exteriores del Complejo Judicial Norte se congregaron ciudadanos y empleados judiciales para apoyar la exigencia de un presupuesto adecuado para el trabajo misional y el cumplimiento de obligaciones administrativas dentro de la Función Judicial. En la sala también se encuentran los abogados enviados desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y la Procuraduría General, para defender la teoría institucional.Terán sostiene que la acción constitucional la ha presentado como ciudadano y no como titular de la Judicatura.En su momento Terán señaló que presentaba la acción de protección para exigir al Ejecutivo el presupuesto suficiente para que la Función Judicial cumpla con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia. Pero la mañana de este lunes, en una entrevista con Ecuavisa, señaló que no está solicitando $ 265 millones, sino que está pidiendo “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso, y su ministro de Finanzas, y como medida de reparación integral aquellos $ 265 millones que ha ido mermando a la Función Judicial, lo cual ha impactado en la deficiencia del servicio”. Mediante un comunicado, Terán recordó que el presupuesto general de la Función Judicial en el año 2012 fue de $ 656,4 millones, mientras que para el 2023 es de $ 347,7 millones. Esto significaría, sostiene, una reducción aproximada de 52,97 % en la asignación de recursos para la administración de justicia, tomando en consideración que ha existido un incremento poblacional en el Ecuador. “La reducción del presupuesto judicial es una acción sistemática ejecutada desde la Función Ejecutiva que atenta contra el derecho de los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia que tutele sus derechos. La Función Judicial tiene un déficit de $ 265,6 millones, recursos que se necesitan para resolver la falta de 692 jueces, repotenciar la infraestructura judicial, evaluar a los servidores judiciales, adquirir insumos y equipos, cumplir con el pago de jubilaciones, entre otras obligaciones prioritarias”, refirió Terán en un comunicado público. Para fundamentar la teoría de Wilman Terán se presentaron doce testigos, entre ellos, funcionarios judiciales que están a la espera de que se les resuelva su situación para acceder a la jubilación, exfuncionarios del sistema de justicia que señalaron que siguen reclamando por sus derechos adquiridos y que por falta de presupuesto no se han cumplido, funcionarios y exfuncionarios judiciales que contaron a la jueza la pésima situación en la que laboraron y laboran en las instalaciones de justicia, entre otras situaciones. En sí se sostiene desde la parte accionante que no se habrían podido cumplir obligaciones, como la jubilación del personal que lo exige, la entrega de mejores condiciones físicas para laborar o la homologación de sueldos y salarios, por la falta de recursos que deben ser entregados obligatoriamente desde el Ejecutivo. Desde el Ministerio de Economía se ha indicado que al Consejo de la Judicatura se le ha entregado un presupuesto de $ 348 millones, del cual la mayoría de estos recursos se destina para gasto en personal, es decir, $ 319 millones; mientras, asegura, para su Plan Anual de Inversiones tiene asignados $ 7,5 millones, de los cuales, al 31 de marzo de 2023, ha ejecutado apenas el 2 %. La cartera de Economía explicó que durante el 2022 la Judicatura solo ejecutó el 47 % de su Plan Anual de Inversiones, en modernización tecnológica existió una ejecución del 39 %; en modernización de los servicios, una ejecución del 59 % y en plataforma electrónica notarial, una ejecución del 62 %. “Está claro que el Consejo de la Judicatura debe ocuparse de ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos asignados. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha demostrado un respeto total a la autonomía de todas las funciones del Estado. Además, ha cumplido con la asignación puntual y oportuna de los recursos que les corresponde y que forman parte del Presupuesto General del Estado”, expresó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas. Pasadas las 13:00 y luego de la intervención de Luis Muñoz Pasquel, de la asociación de Servidores Judiciales de Pichincha, la jueza Pareja suspendió la primera parte de la diligencia, la cual duró más de cuatro horas y estuvo centrada en la parte accionante. La diligencia se reinstaló a las 15:00 de este mismo lunes e inició con la exposición de personas presentadas como víctimas para el caso y que apoyaban la acción de protección presentada por Terán. Para la tarde, en la primera hora de diligencia, se presentaron cinco personas que hablaron de casos en los que se revelaba la falta de presupuesto y la reducción del mismo con la que caminaría a diario el sistema de justicia. Aún estaban en lista otras “víctimas” por intervenir. En el momento que concluyan estas exposiciones será el turno de los accionados, es decir, la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y la Procuraduría General. (I)

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