No es la primera vez que en Ecuador un personaje político es procesado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se suma a los procesos que se han iniciado por el artículo 282, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contra la ministra de Obras Públicas del Gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, y el entonces secretario de Comunicación (Secom) del correísmo, Fernando Alvarado.
Contra Alvarez, el pasado 7 de marzo, la Fiscalía presentó los argumentos necesarios para solicitar que se le cambien las medidas cautelares de presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, por una orden de prisión preventiva. Básicamente se le acusó de haber cometido actos irregularidades en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica colocado por orden del juez anticorrupción Renán Andrade, el 19 de julio de 2025.
Un parte policial originado el 10 de febrero pasado en el caso Goleada, otro de los procesos penales que mantiene Alvarez, detalla que durante el allanamiento a la residencia del alcalde en Samborondón, agentes policiales constataron que el procesado no se encontraba portando el grillete electrónico, que el dispositivo yacía sobre el piso junto a la cama y que el procesado se lo colocó únicamente en presencia del fiscal.
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“Quien se desprende físicamente de los mecanismos de rastreo del Estado demuestra de forma inequívoca su intención y capacidad de sustraerse de la acción de la justicia, haciendo imperativa la revocatoria y la imposición de la medida de ultima ratio”, señaló en su argumentación la Sala de Juzgamiento del caso Triple A, integrado por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona, que acogió la revisión y extendió la orden de prisión preventiva contra Alvarez.
El juez Zambrano Reyna convocó para el 13 de marzo próximo, a partir de las 14:00, a la audiencia de formulación de cargos contra Aquiles Alvarez por el incumplimiento cometido. La diligencia se dará por vía telemática, pero tendrá sede en la Unidad Multicompetente de Samborondón.
Caso Secom y Fernando Alvarado
En octubre de 2018 Fernando Alvarado, extitular de la Secom, se retiró el grillete electrónico que se le había ordenado como parte del caso Secom, en el que se investigaba el delito de peculado. Además del grillete electrónico, el 9 de agosto de 2018, el correísta recibió la medida de presentación periódica cada quince días. En el caso Secom el exfuncionario público era acusado de inobservar normas legales en contratos, ocasionando un perjuicio de $ 259.000 al Estado ecuatoriano.
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Dos meses después de haberse iniciado la instrucción fiscal por peculado y luego de retirarse el grillete electrónico, Alvarado envió un mensaje de texto agradeciendo a funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y fugó del país. Se conoce que él viajó hasta Venezuela, país en el que se encontraba su hermano Vinicio, quien ese momento ya había sido sentenciado, junto con Correa, Jorge Glas y otros miembros de la hoy Revolución Ciudadana, a ocho años de cárcel en el caso Sobornos 2012-2016.
Por el incumplimiento flagrante de la medida cautelar, Fernando Alvarado, en enero de 2023, fue llamado a juicio, pero la etapa no se ha podido instalar debido a que el procesado es visto como prófugo y el delito de incumplimiento no puede ser juzgado en ausencia. El exlíder de la Secom ha pagado una caución de $ 10.000 para que no siga vigente la orden de prisión preventiva dispuesta en el caso por incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.
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María de los Ángeles Duarte y su ingreso en la Embajada de Argentina en Ecuador
En el caso por peculado, en segunda instancia, Alvarado y otros tres procesados fueron declarados culpables del delito de peculado. El correísta recibió como pena cinco años de cárcel.
De uno a tres años de cárcel es la pena que define el artículo 282, inciso primero, del COIP para quien sea encontrado culpable del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esta norma señala que incurre en esta figura penal quien incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales.
Otro caso de incumplimiento de la medida cautelar que desembocó en un proceso penal es el relacionado con la exministra correísta María de los Ángeles Duarte. Ella y su hijo menor de edad ingresaron a la Embajada de Argentina, en Quito, el 12 de agosto de 2020, un mes antes de que se conociera que quedaba en firme la sentencia contra ella y otras 19 personas acusadas por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.
La exministra Duarte fue definida como coautora del cohecho analizado y además de la pena de cárcel se le condenaba a pagar $ 778.000 como reparación integral al Estado.
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En el caso Sobornos, la justicia investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los periodos presidenciales de Rafael Correa. La teoría de Fiscalía señala que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. Entre los beneficiarios de estos actos de corrupción habrían estado la organización política Alianza PAIS, hoy Revolución Ciudadana (RC), y varios de sus miembros.
Según la acusación de la Fiscalía, Duarte gestionó varias empresas relacionadas con los procesados para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo. A cambio, la entonces funcionaria del correísmo adjudicó contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a empresas como Fopeca, Consermin, Hidalgo & Hidalgo, Técnica General de Construcciones (TCG) y Equitesa, Equipos y Caminos S. A.
Para agosto de 2020, Duarte fue acogida en la Embajada argentina como “huésped por razones humanitarias”. Para llegar hasta ese lugar, la exministra de Rafael Correa dejó de cumplir la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica, ambas medidas ordenadas en el caso Sobornos por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho.
Ese incumplimiento de medidas cautelares le valió a Duarte el inicio de otro proceso penal, pero ya no en la CNJ, pues no tenía el fuero de ministra, sino en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta vez la Fiscalía la acusó del delito de incumplimiento de orden de autoridad competente y para febrero de 2021 fue llamada a juicio por retirarse el grillete y no presentarse periódicamente.
Pese a ello, al ser este un delito que no puede ser sancionado en ausencia, la etapa de juzgamiento quedó interrumpida hasta que ella sea capturada o se entregue voluntariamente a la justicia.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, hoy X, María de los Ángeles Duarte agradeció a Argentina por haberle cobijado “ante la persecución” de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura (salvoconducto), el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política”.
El 13 de diciembre pasado, Ecuador decidió negar el salvoconducto que requería Duarte para dejar el Ecuador y viajar hasta Argentina, país que le había concedido el asilo diplomático. Se conoce que actualmente la exfuncionaria correísta se encuentra en Venezuela, país en el que también estarían Fernando Alvarado y el asambleísta de la RC Ronny Aleaga. (I)
