Un grupo de exfuncionarios de la Asamblea Nacional amenaza con acciones judiciales a esa función del Estado por la falta de cumplimiento de los procesos de liquidación de unas mil personas que tuvieron que abandonar el Parlamento tras su disolución el 17 de mayo pasado.
Paulo César Gaibor y Maribel Melo integran la comitiva de exservidores legislativos que reclaman los pagos de sus haberes, que tuvieron que darse hasta el 14 de julio; y, para ello, primero plantean el diálogo con el administrador encargado de la Función Legislativa, Miguel Pesántez.
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Gaibor comentó que no es posible que la Asamblea Nacional sea obligada judicialmente a cumplir los actos de violencia y de justicia.
“Si este llamado no tiene eco y no se ha dado una respuesta pronta, oportuna y empática, están a salvo todas las acciones que el sistema jurídico prevé para el cumplimiento de derechos”, subrayó Gaibor, quien reclamó que hasta el momento no se conoce el plan establecido por el administrador temporal, y tampoco ha demostrado sensibilidad y empatía frente a la condición en que se encuentran los exservidores.
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Según Gaibor, hubo un acercamiento con la coordinación de talento humano y la coordinación general de la Asamblea Nacional, donde se expuso que la Asamblea Nacional lo cumpliría de manera prioritaria y que en 30 días, como establece la normativa, darían respuesta; pero que han transcurrido dos meses y no hay gestión en comunicación y apertura para conocer el plan de liquidación.
El exfuncionario explicó que no se conoce cuántos de los mil exfuncionarios recibieron la liquidación; de ellos, unos 400 se han unido para reclamar sus derechos.
Maribel Melo, exfuncionaria que laboró durante seis años en la institución, revela que hay 40 personas vulnerables, entre mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como personas con discapacidad que no han sido reintegradas a su trabajo. Solo una persona será reintegrada luego de presentar una acción de protección, con lo cual logró que sus derechos laborales sean protegidos.
Hay madres cabeza de hogar, insistió Melo, quien dijo que la administración del Parlamento tiene la lista de las personas que estarían en situación de vulnerabilidad, pero que no existe respuesta de parte de quien representa de momento a la Función Legislativa. (I)