El excandidato presidencial y exsecretario del movimiento Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz rechazó los allanamientos de este 28 de enero ejecutados por la Fiscalía General del Estado en el marco del denominado caso Caja Chica y calificó la investigación como un acto de persecución política impulsado, según dijo, desde el Ejecutivo.

En un extenso mensaje en X, Arauz reiteró que continuará pronunciándose públicamente sobre el caso. “Jamás el silencio. Jamás nos amedrentarán”, señaló, e hizo llamado a la revocatoria del mandato presidencial, al mencionar la consigna “24 de mayo: revocatoria ya”.

Arauz expresó también su solidaridad con los dirigentes del correísmo cuyos domicilios fueron allanados, entre ellos Luisa González, Suad Manssur y Patricio Chávez, así como con el resto de investigados y sus familias. También agradeció los mensajes de respaldo recibidos por parte de simpatizantes, amigos e incluso rivales políticos.

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El excandidato precisó que no reside en Ecuador, que no tiene domicilio en el país y que, por esa razón, no fue objeto de ningún allanamiento. “Como es notorio y público, yo no resido en Ecuador y no me encuentro en el país”, señaló.

Arauz rechazó de forma categórica la denuncia que dio origen al caso Caja Chica. “No tiene ningún sentido”, escribió y aseguró que el presidente Daniel Noboa habría anticipado acciones contra la RC por un supuesto financiamiento desde Venezuela.

“En Davos, a Noboa se le fue la lengua y dijo que nos perseguiría a la RC5 por el ‘financiamiento de Maduro’ a campañas ecuatorianas”, sostuvo.

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El dirigente correísta también cuestionó el nombre asignado por la Fiscalía a la investigación. Dijo que denominarla Caja Chica constituye una “clara alusión a la ‘Caja China’”, a la que describió como una herramienta del poder para distraer y desviar la atención de temas relevantes.

Según Arauz, entre los asuntos que, a su criterio, estarían siendo desplazados del debate público figuran la violencia contra migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, presuntos vínculos del narcotráfico con el entorno del presidente Noboa y la discusión en la Corte Constitucional sobre la necesidad de aprobación legislativa del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Emiratos Árabes Unidos.

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En relación con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, Arauz recordó que el Consejo Nacional Electoral presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por supuestas irregularidades, pero que esta solo señala la no justificación de $ 6.400.

“Es risible que estemos en una investigación por $ 6.400”, expresó, y calificó de “ridícula” la versión de que ese monto provendría de Venezuela.

(I)