Un total de 38 días han pasado desde que Luis Arboleda, alias Gordo Luis, parte del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, se negó a ser representado por un defensor público y, con ello, impidió que se realice, el 12 de diciembre pasado, la audiencia de vinculación contra él y dos personas más dentro del caso Magnicidio FV. Y el ubicado como uno de los cabecillas de Los Lobos no ha colocado un defensor particular para que lo defienda en la causa penal.
La fiscal Ana Hidalgo desde diciembre pasado busca vincular al caso Magnicidio, como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a alias Gordo Luis y a los también cabecillas de Los Lobos Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, y Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor.
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La primera convocatoria para la diligencia de vinculación se dio el 12 de diciembre pasado, ante la jueza Luz María Ortiz. Ante la magistrada, vía telemática, el propio Arboleda, quien se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, rechazó que se le pretenda colocar un defensor público, como mantenían en ese momento Chavarría, quien está detenido en España, y Aguilar, de quien no se conoce su paradero.
A viva voz, alias Gordo Luis le dijo a la jueza que él quería tener como defensa un profesional de su confianza. Ortiz aceptó el pedido y difirió la diligencia para el 24 de diciembre de 2025 siguiente. Advirtió a todos que, si no se presentaba en la próxima convocatoria un abogado particular para cualquiera de los tres futuros investigados en Magnicidio, en la sala debería estar un defensor público preparado para asumir la defensa de cualquiera de los tres sospechosos.
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Desde la Fiscalía se indicó que la vinculación llega una vez han aparecido elementos nuevos dentro de la etapa de instrucción fiscal que hacen presumir la participación de Chavarría, Aguilar y Arboleda en la planificación y concreción del crimen.
Versiones, testimonios y chats revelarían la presunta participación de estas tres personas a ser vinculadas a un proceso penal que se abrió el 3 de septiembre pasado con una instrucción fiscal contra los posibles autores intelectuales del asesinato al estilo sicariato: José Serrano, exministro de Rafael Correa; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), y el condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área pública de la salud y la justicia Daniel Salcedo.
A alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis la Fiscalía los acusa de haber tenido participación logística y operativa en el asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023 contra el político y periodista de 59 años de edad el día en que fue acribillado.
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, fue detenido el 16 de noviembre pasado en Málaga (España) mediante un operativo conjunto entre las Policías de Ecuador, Colombia y España, como parte de la operación Renacer. El máximo cabecilla de Los Lobos por casi cinco años se hizo pasar como muerto en Ecuador para evadir la justicia, pero gente cercana a él o a sus negocios ilícitos sabía que estaba vivo y se movía por varios países de Europa y Asia oriental.
Alias Pipo estaría internado en una cárcel de Málaga (España), mientras que de alias Lobo Menor o Esteban no se conoce su paradero. En la Policía y la Fiscalía se habla de que Aguilar y Arboldeda también serían parte de esta organización delictiva ocupando lugares importantes. Alias Pipo, Lobo Menor o Esteban y Gordo Luis fueron nombrados en la versión y el testimonio anticipado del testigo protegido de Fiscalía Marcelo Lasso y también del abogado Lenín Vimos Vimos.
Patricio Rosero, defensa de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado y acusadoras particulares en la causa penal, el no definir un abogado particular que patrocine a Arboleda engendra una estrategia de dilatación para que no llegue la vinculación al proceso. La parte acusadora ve con sospecha todos los actos jurisdiccionales que se han dado y que han permitido que se retarde la vinculación y el conocer los verdaderos intereses que están tras el crimen de Fernando Villavicencio.
Entre esos hechos están la decisión tomada por el también juez penal de Pichincha Geovanny Freire, quien dos días antes de la segunda convocatoria a audiencia de vinculación, el 24 de diciembre pasado, decidió diferir la diligencia para el 28 de enero próximo.
Esa resolución no solo ha generado desde la Fiscalía y la acusación particular un pedido para que se revoque la providencia en la que se definió esa nueva fecha, sino que también se ha presentado un pedido desde Tamia y Amanda Villavicencio para que se emita una declaratoria jurisdiccional previa en la que se defina el dolo, el error inexcusable o la manifiesta negligencia en la que habría recaído el juez Freire al determinar, supuestamente sin fundamentos, una fecha con tantos días de por medio para la vinculación.
Por otra parte, pese a que el 14 de enero pasado la jueza Daniela Ayala presentó su excusa para seguir conociendo el caso Magnicidio, hasta el momento se desconoce el nombre del juez que, por sorteo, asumirá la causa. (I)