ADN propone fiscalizar compra de 60 troles eléctricos realizada por alcalde Pabel Muñoz sin subasta pública

El pleno de la Asamblea Nacional con 79 votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados pidió a la Comisión de Relaciones Internacionales de la legislatura fiscalizar el proceso de adquisición de 60 trolebuses eléctricos sin subasta pública, sino por un memorándum entendimiento con la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). La propuesta de resolución la presentó el asambleísta Xavier Ordóñez (ADN), en la que se dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional inicie un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones de Pabel Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas, en relación con los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos.Además, se dispone que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita oficialmente la presente resolución a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, al Concejo Metropolitano de Quito y al alcalde metropolitano de Quito para sus fines pertinentes. La resolución también será remitida a la Contraloría General del Estado para que adopte las acciones que estime pertinentes.El texto ratifica que la resolución se fundamenta en las facultades de fiscalización y control político de la Función Legislativa, sin que esto implique una intromisión en las competencias privativas de otras funciones del Estado. El proponente de la fiscalización, Xavier Ordóñez , indicó que el hecho de que la Contraloría haya detectado glosas millonarias e indicios de responsabilidad penal no es cosa menor, pues 60 trolebuses eléctricos por un monto aproximado de $ 35 millones durante la actual administración del Municipio de Quito dejan una sola certeza: que el mecanismo utilizado por la actual Alcaldía de Quito no se realizó dentro del marco legal.Ordóñez afirmó que lo verdaderamente grave no es solo es este contrato raro, sino el mecanismo utilizado por la Alcaldía de Quito, porque aquí no se intentó desconocer frontalmente la ley, aquí se intentó algo más peligroso y que deja un precedente nefasto, se intentó rodearla.Dijo que el argumento del alcalde Pabel Muñoz es que no se estaría realizando una contratación pública, sino un convenio de cooperación internacional de asistencia técnica con un organismo del sistema de Naciones Unidas, la Unops, un acuerdo. (I)

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