La vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, Jhon Reimberg, este 21 de enero de 2026, entregaron a la coordinadora de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), el proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares.
El objetivo del proyecto es desarticular los mecanismos de reclutamiento criminal, salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y sancionar con firmeza a quienes se benefician de su instrumentalización.
El proyecto, contenido en 44 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una final, reforma a once cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, la Seguridad Pública del Estado, las leyes de educación, cultura, deporte, salud, mental y otras normativas fundamentales.
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También fortalece la capacidad del Estado para investigar, sancionar y debilitar de forma efectiva las estructuras criminales, elevando las penas para los responsables adultos y ampliando el catálogo de los agravantes.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto señaló que la propuesta legislativa pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Dijo que la ley mira a los niños no como cifras ni como casos, sino como personas en desarrollo, con sueños, con talentos y con una enorme capacidad de salir adelante cuando el mundo adulto está presente.
Indicó que esta es una ley que confía en la prevención, confía en el acompañamiento, confía en la capacidad del Estado y de la sociedad de actuar de manera coordinada y humana, pues es una tarea compartida entre las familias, las comunidades, las escuelas, los profesionales y todas las autoridades.
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Destacó que el presidente Daniel Noboa ha puesto este tema como una prioridad nacional, porque cuidar a la niñez no es sólo una política pública, es una apuesta por la paz, por la convivencia y por un futuro distinto.
El ministro del Interior John Reimberg, dijo que el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes vulnera gravemente sus derechos, rompe el tejido social y representa una amenaza directa para la seguridad del Estado, por lo que subrayó la necesidad de una respuesta estatal firme, articulada e integral para enfrentar de manera efectiva a las estructuras criminales, que utilizan a la niñez como un escudo legal, explotando su condición jurídica para evadir responsabilidades penales y reducir los riesgos de sus víctimas.
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Indicó que en cumplimiento de la declaratoria dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo No. 21 del 5 de junio del 2025, el Comité para la Prevención y Erradicación de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niñas y Adolescentes, COPRUNA, aprobó la estrategia para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niñas y adolescentes.
Dijo que se identificó la necesidad de impulsar reformas normativas profundas, para ello, se conformó un subcomité ocasional, liderado por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior, con la participación técnica y jurídica de las 13 instituciones que integran el COPRUNA.
Este proyecto que se pone a consideración de la Asamblea Nacional es una respuesta integral del Estado, articulando de manera coherente los ámbitos de protección, seguridad y justicia. En materia de protección, la propuesta fortalece la rectoría, clarifica competencias y establece mecanismos obligatorios de articulación interinstitucional y territorial, con el objetivo de convertir el Sistema Nacional de Protección Integral en una red verdaderamente operativa, capaz de detectar y atender oportunamente este fenómeno desde su enfoque de corresponsabilidad estatal.
En el ámbito de la seguridad, el proyecto reconoce que el reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes no puede seguir siendo entendido únicamente como un problema social, sino como una amenaza directa a la seguridad del Estado y a la seguridad humana, por ello, se incorpora una respuesta normativa estratégica, preventiva e integral, acorde con la magnitud del desafío que enfrentamos.
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En cuanto a la justicia, el proyecto aborda uno de los nudos críticos del problema, a falta de judicialización efectiva y de respuestas especializadas, que ha favorecido la impunidad y la reproducción del fenómeno. La propuesta articula investigación penal especializada, prevención temprana y sanción efectiva, reforzando el enfoque de justicia diferenciada para niños, niñas y adolescentes, priorizando siempre la protección de las víctimas y la persecución penal de quienes la instrumentalizan.
La legisladora Valentina Centeno, coordinadora de la bancada ADN, destacó que la propuesta endurece las sanciones penales contra las personas adultas responsables de este delito y garantiza un tratamiento judicial especializado para los adolescentes involucrados en estos procesos.
Además, incorpora el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como el delito de extorsión, dentro del régimen de denuncia con reserva de identidad previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que permitirá reforzar la investigación penal y la protección de quienes denuncian. (I)
