La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional pedirá información al Consejo Nacional Electoral respecto del financiamiento de la campaña electoral del movimiento político Revolución Ciudadana (RC).
La mesa presidida por la oficialista Diana Jácome dio inicio a un proceso de fiscalización sobre “hechos relacionados con el presunto financiamiento irregular de la organización política Revolución Ciudadana”.
Este proceso de investigación se abre a tres días de que el movimiento político de la lista 5 instale su convención nacional en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, donde designará a la nueva mesa directiva.
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La información que será requerida al CNE se relaciona con los informes, registros y documentación sobre el origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes y gastos de campaña. La presidenta de la Comisión dijo que el inicio de esta fiscalización no es ninguna persecución, sino de transparentar y dar respuesta a los ciudadanos acerca del origen y destino de los fondos públicos.
“No es cosa menor que en el caso de Arroz Verde, en el caso Metástasis, se hayan revelado grandes esquemas de aportaciones a campañas políticas, no solamente de contratistas del Estado de aquel momento, sino también del narcotráfico y eso deja en entredicho la transparencia en financiamientos electorales”, apuntó Jácome.
La investigación sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral del movimiento Revolución Ciudadana fue dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras una resolución tomada el pasado 5 de enero, luego de la detención del exmandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
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En el texto, el CAL expresó su rechazo frente a cualquier forma de encubrimiento, relativización o silencio político respecto de las organizaciones criminales transnacionales que operan desde el poder en Venezuela, cuyas acciones han tenido impactos directos en el Ecuador, reflejados en la expansión del narcotráfico y el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento de desplazados forzados de la población, con graves afectaciones a la seguridad, el orden público y la paz social del país.
Además, en la resolución, el CAL expresó la solidaridad del Ecuador con el pueblo venezolano y reafirma el respaldo a una transición democrática, con el pleno respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías del Estado de derecho.
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En el mismo texto dispuso a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social a fin de que, en el marco de sus competencias, inicie el proceso de fiscalización correspondiente sobre los hechos puestos de conocimiento relacionados con el presunto financiamiento de la organización política Revolución Ciudadana y requerir información a las instituciones de control que estime pertinentes y de manera específica al Consejo Nacional Electoral, para que remita informes, registros, reportes y documentación vinculada al origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes, gastos y reportes de campaña conforme a la normativa aplicada.
En este sentido, la legisladora Jácome comentó que con este proceso de fiscalización “lo que se busca es transparentar los fondos utilizados en campañas electorales, se busca también saber si detrás de ese financiamiento está un gobierno que les hizo tanto daño a millones de venezolanos que tuvieron que salir de su patria; un delincuente que hoy se encuentra en Estados Unidos enfrentando cargos ante la justicia”.
El asambleísta Jorge Chamba (ADN) afirmó que a la comisión se pidió que se investigue el presunto financiamiento de la campaña electoral de la RC con recursos provenientes del gobierno de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, quien hoy enfrenta cargos ante la justicia de Estados Unidos por conspiración del narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y armas destructivas.
Chamba dijo que es importante que la Asamblea Nacional fiscalice e investigue si en realidad la organización RC se ha beneficiado de recursos irregulares originados en actividades ilícitas, por los que hoy se juzga al expresidente de Venezuela en los Estados Unidos.
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Indicó que la fiscalización permitirá transparentar las actuaciones de la organización política RC, considerando que el secretario de Integridad Pública de Ecuador, Julio Neira, señaló que con la caída del régimen de Nicolás Maduro también cae la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA, en donde investigaciones en Ecuador revelaron presuntos pagos de contratos vinculados a PDVSA-Ecuador, que habrían beneficiado a actores del correísmo, incluido el hermano de Jorge Glas, y a figuras cercanas a Luisa González. Así también investigaciones periodísticas dan cuenta de la vinculación de la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con personajes muy cercanos a Rafael Correa.
Guido Mendoza, de la bancada RC, afirmó que se trata de una persecución y un acoso al movimiento Revolución Ciudadana que enfrenta desde hace nueve años.
Indicó que los asambleístas adelantan cosas respecto de Nicolás Maduro, quien aún no ha sido sentenciado, y más aún se tiene que comprobar que existe el supuesto cartel de los Soles.
Mendoza dijo que se habla de la fiscalización electoral a una organización política, pero también se debería hablar de manera general e investigar a la organización Acción Democrática Nacional sobre el financiamiento de la campaña y además el uso de los bonos del Estado a cambio de votos. (I)
