La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) activará el trámite en primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición cuyo informe está listo desde febrero de 2022, presentado por el exprocurador del Estado Íñigo Salvador, y en segundo debate espera incorporar nuevas observaciones.

El proyecto presentado por la Procuraduría el 1 de julio de 2021 crea un cuerpo normativo para que el Estado pueda recuperar los valores que en su momento tuvo que pagar para subsanar o reparar daños provenientes de diversas acciones u omisiones de sus servidores o exservidores.

Paralelamente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificará un proyecto de ley orgánica de Repetición para la recuperación de recursos económicos del Estado ecuatoriano presentado por la legisladora Camila León (ADN), que plantea un procedimiento único, estandarizado y ágil, que precautele el debido proceso, lleve a un esclarecimiento de los hechos suscitados y que determine a los verdaderos responsables que causaron perjuicios económicos al país. La propuesta contempla herramientas legales como medidas cautelares que aseguren el cobro del dinero.

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El legislador Xavier Ordóñez acompañado de la bancada ADN resaltó que el Ecuador en el Gobierno de Daniel Noboa haya logrado reducir un 93,4% del monto global de la indemnización que tiene que pagar el Ecuador a la petrolera Chevron. Tras los argumentos de la Procuraduría del Estado, el tribunal arbitral fijó un pago de $ 220 millones y no de $ 3.350 millones.

Ordóñez dijo que el Ecuador estuvo a nada de una catástrofe económica y que la “mano negra” sí se presentó en el Ecuador, y para ello mostró una fotografía del exmandatario Rafael Correa cuya mano derecha aparece untada de petróleo, con la frase: “la mano negra del correísmo”.

Insistió que “la mano negra del correísmo” entró una vez más a la justicia y que hizo que hoy el Ecuador sea sancionado por un tribunal de La Haya con una multa de hoy $ 220 millones, pero que pudo ser de más de $ 3.000 millones.

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Explicó el caso Chevron e indicó que entre los años 70 y 90, Texaco junto con el Estado ecuatoriano explotaban el petróleo de la Amazonía y hubo contaminación ambiental. Lamentablemente, en los gobiernos posteriores a esos años se llegó a certificar que Texaco había cumplido con esta remediación ambiental. Lo que hace que ellos hayan dejado y hayan abandonado el país en teoría sin ningún problema.

Lamentablemente, agregó, cuando llegó el correísmo vio la oportunidad de “dos cosas que son características en ellos, el discurso populista, hablando de imperialismo y la posibilidad de conseguir $ 9.000 millones a base de una multa y para eso se inventaron un juicio, que en en teoría empezó bien y en la Amazonía. Las comunidades amazónicas contrataron un abogado que empezó a dar el seguimiento, pero cuando el Estado en manos del correísmo intervino, automáticamente crearon y forjaron sentencias. Por eso la corte de La Haya encontró indicios de responsabilidad y sentenció al Ecuador a pagar más de $ 3.000 millones.

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El legislador Xavier Ordóñez señaló que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha venido peleando para que esto no se dé y luego de un trabajo de defensa, se alcanzó que se disminuya a $ 220 millones, que es una cifra exorbitante aún, que todos vamos a pagar, y eso no puede pasar.

Sin embargo, al ser un Estado respetuoso del derecho, “estamos obligados a pagar esto”, dijo Ordóñez quien anunció que la bancada ADN exige que se trate en primer debate el proyecto de ley de repetición, que hasta ahora “la mano negra del correísmo ha venido impidiendo que se apruebe, a pesar de que es un mandado constitucional.

“Nosotros exigimos que esto entre a debate. No importa quién la haya presentado, nosotros nos despojamos de banderas políticas, nos despojamos de lineamientos y le pedimos a todos los involucrados en el tratamiento de esta ley que nos permitan debatirla porque la necesitamos para que nunca más pase”, afirmó.

Con esto, quien cometió la ilegalidad, quién la permitió, quién la forjó, sea quien pague y sea responsable con sus propios bienes, afirmó el legislador de ADN. (I)

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