Los problemas para acceder a una vivienda se han convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.
Así lo reflejan los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
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El precio de las casas en venta alcanza máximos históricos y el alquiler en las principales ciudades se ha convertido en inasumible para muchos.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que el país vive “una emergencia habitacional”.
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Sin embargo, según las estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 3,8 millones de casas vacías, un 14,4% del total, y muchas llevan años desocupadas.
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¿Cómo se explica esta paradoja?
El problema de la vivienda en España
Prácticamente todos los habitantes de las grandes ciudades españolas están familiarizados con los problemas para acceder a la vivienda.
Con una oferta limitada y una población que no ha dejado de crecer, se han vuelto cada vez más caras.
En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda subió más de un 12%, alcanzando cifras no vistas desde 2007, antes de que estallara la llamada “burbuja inmobiliaria”.
Es uno de los factores que explican que el promedio de los jóvenes españoles no abandone el hogar familiar hasta cumplir los 30 años, mucho más tarde que los del resto de la Unión Europea, que se emancipan a los 26,2 años.
El malestar social también ha aumentado y se han dado protestas por el derecho a la vivienda y contra los alquileres turísticos en varias capitales españolas.
En ese contexto, muchas miradas se han vuelto hacia la gran cantidad de viviendas vacías en el país.
Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, le dijo a BBC Mundo que, “mientras muchas familias luchan por tener un hogar digno, hay millones de viviendas desocupadas”.
“Deberían implantarse políticas de expropiación, contra la especulación, para poner esas viviendas en alquiler social”, reclama Pérez.
El gobierno español impulsó en 2023 una nueva Ley de Vivienda que incluye subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios que no habitan ni alquilan sus viviendas, en un intento por ponerlas en el mercado.
Pero varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el opositor Partido Popular, no la están aplicando y los datos no arrojan una mejora de la situación desde la aprobación de la norma.
María Matos, autora de un estudio sobre las viviendas vacías para Fotocasa Research, centro de estudios vinculado a un portal inmobiliario, explica que “el problema es que las casas vacías no se encuentran en las zonas donde hay demanda”.
Mientras que la población se concentra en las grandes ciudades -como Madrid y Barcelona- y en zonas costeras turísticas, la mayoría de las viviendas desocupadas están en regiones como Galicia y Castilla-León, parte de lo que se conoce como la “España vacía”, vastas zonas rurales donde hay menos oferta de empleo.
Según la experta, “muchas casas vacías no están habitables y requerirían de reformas y rehabilitación que sus propietarios no están en condiciones de afrontar”.
La actuación de grandes tenedores de vivienda como entidades bancarias o fondos de inversión extranjeros que han desembarcado en el mercado inmobiliario español en las últimas décadas, así como los alquileres turísticos de corta duración, han sido en los últimos años objeto de críticas y polémica.
Se los acusa de especular con las casas que necesitan muchos jóvenes españoles que no pueden dejar el hogar de sus padres.
Pero la investigación de Fotocasa Research arrojó que el motivo más habitual por el que los propietarios optan por no poner sus casas en el mercado es porque no están en condiciones para ser habitadas.
La segunda razón más habitual es que las viviendas son herencias y los herederos implicados no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con ellas.
En cualquier caso, la mayoría de expertos coincide en que la razón principal del encarecimiento de la vivienda es la falta de oferta para satisfacer la creciente demanda.
Matos indica que, con tantas casas vacías, “el mercado está perdiendo un volumen significativo de inmuebles que podrían dinamizar tanto la compraventa como el alquiler, ampliando así la oferta disponible y ayudando a aliviar la tensión de la demanda”.
Pero para que las casas vacías existentes se conviertan en una opción real “deben ponerse en marcha estrategias para darle vida a la economía de las zonas donde se encuentran”.
El presidente Sánchez anunció recientemente un plan de subvenciones a la compra de viviendas en zonas rurales, pero aún no se conocen los detalles.
El miedo a los inquilinos que no pagan
La amenaza de dar con un inquilino que no paga la renta y los obstáculos para prescindir de él son otro de los problemas que más mencionaron los propietarios con viviendas vacías consultados en el estudio de Fotocasa Research.
Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas, dijo en conversación con BBC Mundo que “la inseguridad jurídica es un gran problema, porque los propietarios perciben que la política de vivienda se está haciendo contra ellos y eso hace que muchos no quieran arriesgarse a poner su casa en alquiler, agravando el problema de falta de oferta existente”.
Las asociaciones de propietarios denuncian el largo y costoso trámite judicial que requiere deshacerse de un inquilino moroso o de los intrusos que ahora cuentan con cobertura legal gracias a medidas aprobadas durante la pandemia.
Aunque, según los datos del Ministerio del Interior español, las denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles registradas el año pasado fueron 16.400, lo que supondría no más de un 0,06% del total de viviendas del país.
El gobierno y sus socios parlamentarios aprobaron durante la pandemia un decreto de medidas extraordinarias que tenía como objetivo declarado evitar que las familias que se quedaron sin ingresos por la cuarentena perdieran también su vivienda.
El decreto suspendió indefinidamente el desalojo de los inquilinos morosos pertenecientes a los colectivos considerados económicamente vulnerables, como desempleados, discapacitados o personas de bajos ingresos, entre otros
Pero cinco años después, el decreto sigue vigente y muchos propietarios ven cómo tienen que hacer frente al pago de las hipotecas, seguros e impuestos de viviendas por las que llevan años sin cobrar la renta.
Kathy Díaz, fundadora de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica, le dijo a BBC Mundo que “el decreto obligó a los propietarios a hacer de escudo social de los inquilinos, una responsabilidad que debe asumir el gobierno”.
Según cuenta, el decreto abrió la puerta a “los abusos”.
“Muchos inquilinos optan por no pagar porque saben que el decreto los ampara y no hay manera de echarlos”.
Según cuenta, es lo que le pasa a ella con un piso de su propiedad en un municipio costero de la provincia de Castellón.
“La señora lleva cinco años sin pagar y todo este tiempo yo sigo pagando la hipoteca”, denuncia.
Experiencias como esta convencen a muchos propietarios de que es preferible mantener sus casas cerradas.
Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinos mantienen que “la vivienda es un derecho fundamental que no puede convertirse en un negocio para los rentistas”.
En un país con tantas casas vacías y con tanta gente con dificultades para conseguir una, solo hay algo en lo que inquilinos y propietarios parecen estar de acuerdo: el sistema debe mejorar.