Cuando Octavio* emigró de Ecuador, a inicios del milenio, se estableció en Minnesota, un estado ubicado al norte de Estados Unidos. Por 25 años, el ecuatoriano ha vivido indocumentado en la ciudad de Mineápolis, donde ha formado una familia, adquirido una casa y trabajado como mesero en un restaurante y en organización de eventos. Pero en los últimos dos meses, Octavio no ha salido a trabajar, y las deudas se están acumulando. Él, al igual que muchos de sus compatriotas en Mineápolis, siente temor por la presencia en las calles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que mantiene desde hace más de seis semanas una operación en la ciudad para detener a inmigrantes indocumentados.
La operación Metro Surge se inició en diciembre de 2025 en Mineápolis y la ciudad vecina Saint Paul, con el despliegue de agentes del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para aplicar las leyes migratorias. Durante estas semanas, las autoridades locales y ciudadanos han denunciado el uso de fuerza excesiva durante las redadas y operativos, que ya se han extendido al resto del estado.
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Hasta la fecha se han reportado dos muertes de ciudadanos estadounidenses en Mineápolis a manos de las fuerzas del orden. El 7 de enero, un agente del DHS disparó y mató a Renee Good durante un operativo. Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, también murió de un disparo de un agente del ICE el pasado 24 de enero.
Sin embargo, los principales objetivos de la operación Metro Surge son los inmigrantes, a los que el DHS acusa de cometer múltiples delitos en Estados Unidos.
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“Desde hace dos meses somos víctimas de persecuciones por parte del ICE y arrestos violentos”, describe a EL UNIVERSO Jorge*, ecuatoriano con solicitud de asilo que tiene alrededor de tres años viviendo en Mineápolis. “Hay casos donde entran a los domicilios sin una orden de arresto, o una orden de un juez (...) los paran en los carros y los arrestan. También los arrestan en las paradas de buses”.
Para evitar ser detenidos, los migrantes evitan salir de sus casas: “Es imposible estar fuera de nuestro domicilio, salir a trabajar es un riesgo”, asegura Jorge. “Mucha gente tiene miedo de salir a las calles a hacer sus compras de sus alimentos, muchas familias están sin empleo por miedo a salir y ser arrestadas violentamente”.
La organización Minnesota Compass reporta que más de 18.000 ecuatorianos habitan en este estado. Alrededor del 94 % se concentra en las Ciudades Gemelas, como se conoce a Mineápolis y Saint Paul. Y de la población total de ecuatorianos en Minnesota, un 78 % forma parte de la fuerza laboral.
“Lo único que nosotros hacemos es trabajar para mejorar nuestro futuro y darle lo mejor a nuestras familias, pero somos discriminados como delincuentes, somos perseguidos como los peores delincuentes”, denuncia Jorge.
En casa de Octavio, son sus dos hijos con ciudadanía estadounidense quienes se encargan de hacer las compras de la familia. El ecuatoriano, quien no ha podido regularizar su estatus migratorio, evita salir por temor a ser detenido y deportado.
Él recuerda que el miedo a las deportaciones comenzó en 2016 con el primer mandato del presidente Donald Trump. Pero desde enero del 2025, cuando asumió su segundo mandato, se incrementaron las operaciones contra la migración indocumentada.
Por miedo a que afecte legalmente a su proceso migratorio, Octavio prefiere no denunciar abiertamente a las prácticas de los agentes.
‘La ciudad se volvió un caos’
Santiago, un ecuatoriano con ciudadanía estadounidense, tiene 24 años viviendo en Mineápolis y es dueño de una agencia de seguros. En declaraciones a EL UNIVERSO, Santiago describe que las operaciones antimigración comenzaron con procedimientos “ilegítimos”, y basados en perfilamiento racial.
“En las primeras redadas, lo que lo único que hacían era es que los bajaban del carro, los metían al carro de ellos y se los llevaban. O sea, se veía como un secuestro. Las personas (agentes) que bajaban tenían máscaras en sus caras, andaban con jeans y solamente unos chalecos. Parecían verdaderos miembros de algún cartel”.
Estas operaciones comenzaron a generar preocupación entre los habitantes de Mineápolis, señaló Santiago, tanto en los ciudadanos estadounidenses como en los migrantes: “Se volvió un caos, la ciudad se volvió un caos, la gente empezaba a gritar ‘auxilio, ayúdenme’, porque al principio no se entendía lo que estaban haciendo. Sabíamos que íbamos a venir, pero no sabíamos que esa era la estrategia que ellos estaban haciendo”.
De acuerdo al ecuatoriano, los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza apuntan a las personas que hablan en español, o que tienen “rasgos” extranjeros. Esta práctica se conoce como perfilamiento racial, y consiste en detener, investigar o registrar a personas basada en su raza, etnia, nacionalidad o religión, en lugar de sospechas fundamentadas de actividad delictiva, lo que va en contra de los derechos civiles en Estados Unidos.
Adriana, una ecuatoriana con ciudadanía estadounidense que vive en Columbia Heights desde hace 26 años, confiesa que “nunca en mi vida había experimentado este tipo de racismo que actualmente los latinos estamos viviendo (...) Ven a un latino, simplemente por hablar español o por verse latino, simplemente te agarran y te piden tus papeles”.
“Aquí, si quieres hacer un arresto, tienes que tener una causa probable legítima, y no solo basarse en el color de la piel de la persona o de el acento”, afirmó Santiago.
En Estados Unidos, la ley no obliga a los ciudadanos a portar su documentación fuera de casa. En el caso de los residentes o personas con permisos de trabajo, sí deben portar sus documentos. Sin embargo, se han reportado que en las redadas se han arrestado a personas con ciudadanías o ‘green cards’ debido a que no se está forzando el cumplimiento del proceso legal de detención.
“Muchos (ecuatorianos) dejaron de salir, aunque tengan permisos de trabajo, porque hay casos de que algunas personas con permisos de trabajo fueron deportados”, relata Santiago. “Se paralizó la vida del inmigrante”.
Voluntarios
Mientras continúan las redadas en Minnesota, grupos de voluntarios se han organizado para prestar ayuda a las comunidades migrantes que se mantienen resguardadas.
Adriana cuenta que en su ciudad hay voluntarios para hacer las compras y entregar comida a las familias que prefieren no salir por temor a las redadas. También se realizan donaciones por medio de redes sociales para ayudar económicamente a las personas que han dejado de trabajar y no pueden pagar el alquiler.
“Mucha gente dice que Minnesota es uno de los estados que se ha organizado tan bien contra el ICE”, aún así, “es difícil que los migrantes pidan ayuda”, comenta la ecuatoriana a EL UNIVERSO. “Hay gente que se está haciendo pasar por voluntarios (...) Los migrantes están escondidos y tienen miedo, nadie confía en nadie”.
En Mineápolis, Octavio relata que hay “patrulleros” ciudadanos, que vigilan las redadas que hace el ICE y persiguen a los carros de los agentes, en forma de protesta y también como un mecanismo para advertir a los migrantes indocumentados a que no salgan de sus casas. En las manifestaciones anti-ICE, los participantes suelen ser estadounidenses, en solidaridad con la comunidad migrante.
Tras la escalada de los eventos en Minnesota y las dos muertes ciudadanas, Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, se retiró del estado. Donald Trump envió a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, un veterano agente de inmigración, a Mineápolis para dirigir el despliegue.
Se espera que algunos de los agentes federales desplegados por la ciudad también comiencen a salir, según declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras una llamada telefónica el lunes con el presidente Trump, sobre la que no proporcionó más detalles.
En una entrevista con el WSJ, Trump afirmó que “en algún momento nos iremos” de la ciudad, sin indicar fecha alguna, que los agentes habían “hecho un trabajo fenomenal” y que se dejaría allí “a un grupo de personas por el fraude financiero”, en referencia al presunto “fraude a la asistencia social” que ha utilizado como justificación para incrementar en la ciudad la aplicación de las leyes antimigratorias.
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(I)