El Gobierno británico empezará este miércoles a aplicar de manera estricta la exigencia de contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, en inglés) para visitantes de 85 países que no necesitan visado para estancias cortas, entre ellos España, Francia, Estados Unidos o Canadá.
Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, desde el 25 de febrero las aerolíneas y demás transportistas estarán obligadas a impedir el embarque a quienes no cuenten con la autorización digital previa, un requisito vigente desde 2025 para ciudadanos de la Unión Europea y otros países exentos de visado, pero que pasará ahora a aplicarse sin excepciones.
La ETA, que se introdujo por fases desde 2023 como parte del nuevo sistema migratorio tras la salida británica de la UE, es obligatoria para viajes de hasta seis meses por turismo, negocios, visitas familiares o tránsito que implique pasar control fronterizo.
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Su solicitud se realiza por vía electrónica, queda vinculada digitalmente al pasaporte y tiene validez de dos años, con un costo de 16 libras (unos 18,40 euros).
Aunque la mayoría de decisiones se reciben en minutos, se recomienda tramitarla con al menos tres días laborables de antelación, indicó el ministerio en la nota.
El Gobierno recordó asimismo que los ciudadanos con doble nacionalidad británica y de otro lugar deben presentar “un pasaporte británico válido o un Certificado de Derechos” para viajar al Reino Unido.
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A partir del jueves, este certificado -alternativo al pasaporte británico- solo se admitirá en formato digital, aunque mantendrá su validez indefinida.
El secretario de Estado de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, afirmó que “la ETA es una parte vital del trabajo para reforzar la seguridad fronteriza y ver quién entra en el país” y recalcó que todo aquel que quiera visitar el Reino Unido debe “asegurarse de tener el permiso correcto”.
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La medida ha generado críticas del Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, que ha pedido al Gobierno laborista que retire lo que califica de “impuesto fronterizo del Brexit” -dado que eliminó la libertad de movimiento de ciudadanos británicos y comunitarios- y de plan “discriminatorio” contra las personas con doble nacionalidad.
Según esta formación, algunos afectados se arriesgan a no poder embarcar si no presentan un pasaporte británico vigente o el certificado de derechos digital, cuyo costo asciende a 589 libras (678 euros).
Además, la organización de apoyo a ciudadanos europeos the3million expresó su preocupación por el impacto de la norma, advirtiendo de que muchos británicos con doble nacionalidad podrían verse afectados por restricciones de embarque, retrasos y costes adicionales. (I)
