El Parlamento griego aprobó este viernes una enmienda de ley, presentada por el Gobierno conservador, que impide que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Grecia desde el norte de África presenten solicitudes de asilo, y contempla su detención y devolución a su país de origen o procedencia.
La enmienda, presentada ante la Cámara esta semana, fue aprobada gracias a los votos de la gobernante ‘Nueva Democracia’, partido del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.
La medida, que tiene una vigencia inicial de tres meses, se adopta en medio de un repunte en las llegadas de migrantes y refugiados a la isla de Creta, con 2.000 personas solo en la última semana.
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“A las condiciones urgentes respondemos con medidas urgentes”, señaló el ministro de Migración griego, Thanos Plevris.
Defendió la enmienda al recalcar que si no se envía un mensaje de que “el paso hacia Grecia se cierra” el país no podrá gestionar las decenas de miles de personas que podrían llegar a Creta desde Libia, en cuyas costas “están esperando tres millones de personas”.
La oposición de izquierdas en su conjunto tachó de la medida como “inconstitucional”, y acusó al Gobierno de violar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de Ginebra, que contemplan el derecho de cada persona a solicitar asilo.
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La devolución de inmigrantes y refugiados sin su previo registro, como contempla la enmienda, es “una devolución en caliente (push-back) de facto” y una violación del derecho internacional, señaló el partido izquierdista Syriza.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, señaló este jueves que la medida adoptada hoy iba a legalizar “en violación de las obligaciones bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos el retorno de personas que se enfrentan al riesgo de tortura y otras violaciones graves”.
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También ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, señaló en un comunicado emitido ayer que “devolver a las personas a un lugar donde enfrentarían amenazas a su vida o libertad violaría el principio de no devolución”.
Ante estas acusaciones por parte de la oposición y organismos internacionales, el Gobierno helénico asegura que no viola ninguna de sus responsabilidades con el derecho internacional.
Atenas destaca que la medida es “temporal” para enviar un mensaje “a los traficantes que se benefician del dolor humano” de que la ruta hacia Grecia está cerrada.
A su vez, la Comisión Europea pareció respaldar este jueves la decisión del Ejecutivo conservador de presentar dicha enmienda.
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Un portavoz comunitario dijo que la situación que vive el país es “excepcional” por el aumento de las llegadas de irregulares.
“Cualquier medida que adopte Grecia” deberá tener en cuenta la situación “preocupante” en Libia y el posible impacto para la seguridad y la migración en la UE, dijo.
El Gobierno griego planea además crear “centros de detención especiales” para todos que lleguen a Grecia desde el norte de África, principalmente desde Libia, informó hoy el diario griego Kathimerini, citando fuentes del Ministerio de Migración.
En lo que va de año, unos 9.000 inmigrantes irregulares han llegado por mar desde el norte de África a Creta, frente a los 4.000 que habían arribado a la isla en todo el año 2024. (I)
