Un país europeo pondrá en marcha un proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes que ya se encuentran en su territorio y que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025.

Se trata de España, donde el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto para dar seguridad jurídica y garantizar derechos a una población que ya vive y trabaja en el país.

La medida permitirá regularizar a alrededor de medio millón de personas. Para acogerse, será necesario acreditar al menos cinco meses de residencia en España.

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Esta permanencia no solo podrá demostrarse mediante el empadronamiento, sino también con otros documentos, como informes médicos, contratos de servicios básicos o certificados de envío de dinero.

Uno de los aspectos centrales del proceso es que, desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidas las órdenes de expulsión o los procedimientos de retorno por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.

Además, la admisión a trámite otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, como la atención sanitaria.

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Si la resolución es favorable, la persona solicitante obtendrá una autorización de residencia por un año. Al término de ese periodo, podrá pedir un permiso ordinario conforme a la normativa de extranjería vigente.

El Ejecutivo sostiene que esta regularización busca facilitar la integración social y laboral de miles de personas, reducir la precariedad y combatir la economía sumergida. Al tramitarse mediante un Real Decreto, la iniciativa no requiere una votación posterior de convalidación en el Congreso, lo que acelera su aplicación.

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El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio. (I)