Más de 80 personas murieron en un nuevo baño de sangre del ejército de Birmania, que se conoció el sábado, mientras el propio embajador del país ante Naciones Unidas pidió una “acción enérgica” contra la junta que reprime a los manifestantes.

Birmania está sumida en el caos desde que los militares derrocaron a la líder civil Aung San Suu Kyi en febrero. Los manifestantes se niegan a someterse y exigen la vuelta a la democracia.

Tras más de dos meses de gobierno militar, los esfuerzos por verificar las muertes y confirmar las noticias sobre la represión se ven limitados por el corte de internet de la junta.

Por eso los detalles de la brutal represión en la ciudad de Bago, a 65 kilómetros (40 millas) al noreste de Rangún, tardaron un día entero en aparecer.

Publicidad

Los residentes informaron a la AFP de la violencia de la junta, que les obligó a huir a los pueblos cercanos.

El sábado, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), un grupo local, confirmó que “más de 80 manifestantes antigolpistas fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en Bago el viernes”.

Qué ocurrió en Birmania y por qué los militares tomaron el control del país fácilmente

Imágenes filmadas el viernes y verificadas por AFP muestran a los manifestantes escondidos detrás de barricadas de sacos de arena, armados con armas caseras, con el sonido de fondo de explosiones.

Las autoridades se negaron a dejar que los socorristas se acercaran a los cadáveres, dijo un residente. “Amontonaron todos los cadáveres, los cargaron en su camión militar y se los llevaron”, dijo a la AFP.

El periódico estatal New Light of Myanmar culpó el sábado de la represión a los “alborotadores”, e informó de un solo muerto.

Los muertos en Bago se sumarán a la cifra actual de 618 civiles muertos de la AAPP desde el golpe de Estado.

Publicidad

La junta tiene una cifra mucho más baja --248, según un portavoz el viernes-- y ha tachado a las víctimas de “terroristas violentos”.

A pesar del baño de sangre, las protestas y las huelgas continúan. Los manifestantes intentan frustrar la represión con medios de acción alternativos.

En Rangún, los manifestantes arrojaron pintura escarlata en las calles del centro, cerca de la Pagoda Shwedagon.

Panfletos que decían “No nos gobernarán” fueron esparcidos en varias partes de Rangún. En Mandalay (centro), los pegaron a la estatua del general Aung San, padre de Aung San Suu Kyi y héroe de la independencia birmana.

Suu Kyi se enfrenta actualmente a varios cargos, entre ellos acusaciones de corrupción y de tener walkie-talkies no registrados.

Más de 90 muertos en las protestas contra la junta militar birmana

Los medios estatales anunciaron el viernes que 19 personas habían sido condenadas a muerte por robo y asesinato en un tribunal militar, 17 de ellas juzgadas en ausencia.

El creciente derramamiento de sangre también ha enfurecido a algunos de los cerca de 20 grupos étnicos armados de Birmania, que controlan franjas de territorio, principalmente en las regiones fronterizas.

El sábado hubo disturbios en el norte del estado de Shan, cuando el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), un grupo étnico rebelde, lanzó un ataque antes del amanecer contra una base de la policía, dijo el general de brigada del TNLA Tar Bhone Kyaw.

Los medios locales informaron de la muerte de más de una docena de policías, mientras que el TNLA afirmó que los militares tomaron represalias con ataques aéreos, matando al menos a un soldado rebelde.

Otros enfrentamientos se produjeron en la ciudad de Tamu (noroeste), cerca de la frontera con India, cuando los soldados intervinieron para desmantelar barricadas. Al menos dos manifestantes por disparos, según un testigo.

Los manifestantes respondieron lanzando un artefacto explosivo contra un camión del ejército y matando a una docena de soldados, según la misma fuente.

“Es necesaria una acción colectiva y contundente de inmediato”, dijo el viernes el embajador de Birmania ante la ONU, Kyaw Moe Tun, en una reunión del Consejo de Seguridad, en la que propuso una zona de exclusión aérea, un embargo de armas y sanciones más selectivas contra los miembros del ejército. (I)