Cuando, hace una década, María Ana Méndez salió de Honduras para ganar dinero en Estados Unidos, su hija Cindy todavía usaba colitas y jugaba a las muñecas.

No obstante, ahora con un trabajo estable y un apartamento en el norte del estado de Nueva York, Méndez estaba lista para traer a Cindy a que viviera con ella. Puesto que aún no está de manera legal en el país y no podía traerla legalmente, en febrero le pagó 8.000 dólares a un guía para que trajera a Cindy, quien ahora tiene dieciséis años, en un viaje de miles de kilómetros hasta la frontera con Estados Unidos.

Tres semanas después, Méndez tuvo noticias de su hija por primera vez: había cruzado el río Bravo en una balsa y estaba retenida de manera temporal en un campamento de la frontera estadounidense en Donna, Texas. No se había duchado en cinco días y estaba durmiendo en el suelo. Además, se sentía mal.

Los días sin noticias se convirtieron en semanas de angustia mientras Méndez hacía llamadas constantes a la línea de emergencia del gobierno de Estados Unidos para conocer el paradero de su hija. El 3 de abril, Cindy logró llamarle desde un hospital en San Diego. Tenía COVID-19 y estaba “muy enferma”, le dijo a su madre.

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“Ya no aguanto más”, afirmó Méndez, quien reservó un vuelo para San Diego.

Debido a un aumento de llegadas a la frontera, el gobierno tiene en custodia a casi 20.000 niños migrantes —la cifra más grande en la historia reciente—, lo cual ha provocado caos y confusión, al tiempo que las autoridades de migración se esfuerzan por atenderlos, comunicarse con sus padres y procesarlos para su liberación.

El gobierno de Biden ha abierto rápidamente lugares de ingreso de emergencia en centros de convenciones de San Diego y Dallas, un coliseo y centro de exposiciones en San Antonio, un antiguo campo petrolero en Midland, Texas y la base naval de Fort Bliss, Texas. Se espera que otros lugares, entre ellos un centro de convenciones en Long Beach, California, pronto les den albergue a los niños.

Sin embargo, el gobierno sigue teniendo problemas para encontrar gente que trabaje ahí, y los padres inmigrantes de todo el país, quienes casi nunca tienen idea de lo que sucedió con sus hijos después de que ingresan a Estados Unidos, cada vez están más desesperados.

Algunos niños han pasado semanas o más tiempo sin poder comunicarse con sus padres.

María Ana Méndez, a la izquierda, abraza a su hija Cindy en su habitación de hotel en San Diego después de una emotiva reunión el 7 de abril de 2021. Foto: Ariana Drehsler

El problema parece ser la enorme cantidad de niños, ya que el nuevo gobierno tiene problemas para contratar suficientes personas que trabajen en los albergues provisionales, se comuniquen con sus padres y se aseguren de poder entregarles a los niños de manera segura.

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Las autoridades del gobierno afirman que están haciendo todo lo posible para manejar la última oleada a la frontera y tratando de ofrecer vivienda e instalaciones seguras para los niños que ya se han enfrentado a importantes peligros al viajar por México y cruzar la frontera, a menudo sin un adulto que los cuide.

“Lo digo sin rodeos: no vengan”, dijo el presidente Biden el mes pasado. “No salgan de su pueblo, ciudad o comunidad”.

Sin embargo, todos los días se siguen interceptando y trasladando a cientos de niños a los centros de procesamiento. El mes pasado, en el Valle del Río Grande de Texas, las instalaciones de la frontera estaban funcionando al 743 por ciento de su capacidad. Una carpa en Donna estaba el 1707 por ciento de su capacidad.

Aproximadamente la mitad de los niños que llegan a la frontera lo hacen para reunirse con alguno de sus padres, como en el caso de Méndez, quien ha estado viviendo en Estados Unidos durante muchos años.

Casi siempre, los niños han sido criados por sus abuelas y otros familiares cercanos que ya están envejeciendo y ya no pueden cuidarlos. Muchos son adolescente que, al igual que sus padres, no ven ningún futuro en sus países de origen.

Ya que los padres no tienen residencia legal o tienen solicitudes de asilo detenidas en los casos pendientes del tribunal de inmigración, la mayoría de ellos no puede apoyar a sus hijos para que entren de manera legal a Estados Unidos; recurren a redes de tráfico ilícito para que los lleven.

Casi 16.500 adolescentes y niños migrantes que cruzaron la frontera sin ninguno de sus padres están recibiendo albergue en las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta que hayan cumplido con los requisitos para que los liberen. Aproximadamente otros 4000 están varados en las estaciones de la Patrulla Fronteriza esperando a que haya camas en esos albergues.

Los centros de emergencia ofrecen habitaciones limpias para dormir, alimentos, artículos de tocador, tintorería y acceso a atención médica, la cual incluye pruebas de coronavirus. Los servicios son proporcionados por una combinación de contratistas y personal del gobierno.

No obstante, también existe una enorme escasez de coordinadores de casos que se encarguen de los trámites. Estos trabajadores sociales son quienes se comunican con los padres y solicitan los documentos para iniciar el proceso que se requiere para entregarles a sus hijos.

Cuando alguno de los padres ya ha presentado los documentos y ha aprobado la verificación de antecedentes, un funcionario especialmente nombrado debe aprobar la asignación del niño para asegurarse de que quede a salvo.

Según los especialistas en bienestar infantil, la escasez de personal en todos los niveles es una de las principales razones por las que, en promedio, solo se libere a cerca de 300 menores de edad al día, lo que genera una carrera desenfrenada por nuevos espacios para camas a medida que más niños cruzan la frontera.

Cuando María Ana Méndez dejó Honduras hace una década para ganar dinero en Estados Unidos, su hija Cindy todavía estaba jugando con muñecas. Foto: Ariana Drehsler

Leecia Welch, una abogada cuyo equipo entrevistó el 29 y 30 de marzo a alrededor de 20 niños en varios centros de admisión en Texas, señaló que, hasta ese momento, a ninguno de los niños se le había asignado un coordinador de casos.

Los abogados descubrieron que muchos niños esperaban varias semanas antes de que les permitieran hablar con sus familiares.

“Lo primero y único que estos niños quieren es reunirse con su familia”, comentó Welch. “Estaban desesperados por escuchar la voz de sus padres”.

Desde que llegó a Estados Unidos hace una década, Méndez, de 42 años, se las ha arreglado con trabajos como empleada doméstica, empacadora en una planta procesadora de mariscos y asistente de chef en un restaurante para enviar a su familia de 200 a 300 dólares cada dos semanas.

El año pasado, Méndez vio a su hija graduarse de bachillerato a través de un video. Cindy quería cumplir su sueño de convertirse en programadora de computadoras, y ahora era el momento para hacerlo, comentó.

En su camino hacia el norte para llegar a la frontera, Cindy se comunicaba con su madre cada dos o tres días.

Con el fin de prepararse para su llegada, Méndez pintó su habitación de rosa, la amuebló con una cama nueva y un colorido cobertor de princesas. También colgó globos de helio para que se viera alegre.

Cindy llegó a Texas a principios de marzo y fue interceptada por la Patrulla Fronteriza que la llevó a un centro de procesamiento.

Después de una primera llamada telefónica de su hija, Méndez esperaba con ansiedad más noticias.

Sin embargo, pasaron semanas y cada vez que Méndez llamaba a un centro telefónico de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es la responsable de dar albergue a los niños migrantes, le decían que el caso de su hija estaba “pendiente”.

“No tengo idea de dónde está mi hija”, afirmó Méndez en una entrevista del 26 de marzo. “Nadie me informa absolutamente nada”.

La agencia no ha respondido preguntas acerca de la cantidad de personal y los procedimientos para reunificación de familiares, aunque ha dicho, en términos generales, que se está contabilizando con mucho cuidado a los niños y poniéndolos en contacto con sus padres tan rápido como se puede. Las autoridades aseguran que apresurar el proceso significa correr el riesgo de liberar a los niños en condiciones que no sean seguras.

Cuando Méndez no pudo conocer el paradero de su hija, se comunicó con una abogada de inmigración, Kate Lincoln-Goldfinch, quien presentó una demanda con el inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta decía que el manejo del caso de Cindy representaba una “grave desviación” de la política establecida del gobierno de Biden para reunir a los menores no acompañados con sus padres tan rápido como fuera posible.

“Tememos que la agencia haya extraviado a la niña o no la haya contabilizado”, concluía la carta.

No hubo respuesta.

Posteriormente, el 3 de abril sonó el teléfono de Méndez. Era Cindy.

“Mami, estoy en el hospital de San Diego. Tengo COVID”, le dijo a su madre con voz débil.

Mencionó que se había estado quedando en el centro de convenciones de San Diego antes de empezar a sentirse mal y que fue trasladada al hospital en ambulancia.

“¿Cómo pudieron dejarla sola en el hospital y no avisarme?”, comentó Méndez.

El martes, finalmente, le dijeron a Méndez que Cindy se había recuperado de la enfermedad y ponto la darían de alta. También le dijeron que el gobierno había aprobado su liberación.

Méndez tomó de inmediato un vuelo a San Diego y fue directo del aeropuerto al centro de convenciones en la noche del miércoles.

Quince minutos después, madre e hija salieron abrazadas y llorando. (I)