El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes, 30 de marzo, la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha condena a los palestinos residentes en Cisjordania encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
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Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro), Matti Sarfatti, calificándola de “claramente inconstitucional”.
La promotora de esta ley, la diputada ultraderechista Limor Son Har-Melej, celebró el resultado al grito de “Israel vive”, mientras que el líder de su formación (Poder Judío), Itamar Ben Gvir, trató de descorchar en el Parlamento una botella de champán.
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Recurso contra ley para pena de muerte
Tras la decisión parlamentaria, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo contra la ley para la pena de muerte contra ‘terroristas’.
“La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Supremo en el que exige la anulación de la Ley de pena de muerte para terroristas, aprobada hoy, 30 de marzo de 2026, por la Knéset (el Parlamento)”, recoge un comunicado publicado en el momento en que se conoció que la aprobación.
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ACRI recurre la norma aludiendo a dos argumentos legales: el Parlamento de Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania, territorio palestino ocupado; y que la propia ley es inconstitucional al violar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a un proceso con las debidas garantías y la igualdad.
Sobre la carencia de soberanía, establece: “Según el derecho internacional que regula la ocupación militar, la autoridad legislativa recae en el comandante militar, y no en la Knéset”.
“Aunque la Knéset ha aprobado anteriormente leyes para aplicar la legislación israelí a los colonos israelíes, esta ley es radicalmente diferente: se aplica a la población palestina protegida”, continúa.
Que el Parlamento apruebe esta condena a muerte aplicable a palestinos (que serían sentenciados por mayoría simple de un tribunal militar) es un paso más a la anexión de facto de Cisjordania, sostiene el comunicado.
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Respecto a su inconstitucionalidad, alega que elimina los mecanismos que suplen las fallas del sistema judicial: “Suprime el requisito de unanimidad en los tribunales militares, permite a los jueces imponer la pena de muerte incluso cuando los fiscales no la solicitan y elimina cualquier oportunidad significativa de pedir clemencia o demostrar la inocencia dentro del plazo de 90 días previo a la ejecución”.
Asimismo, recuerda que la ley es discriminatoria por naturaleza, dado que mientras la pena de muerte se convierte en prácticamente obligatoria en las cortes militares que juzgarán a los palestinos, el proceso penal ordinario para ciudadanos israelíes requerirá demostrar que buscan “negar la existencia del Estado de Israel”, lo que “garantiza que ningún autor judío pueda acogerse a ella”.
“Por último, la ley carece de fundamento probatorio: ningún organismo (incluido el Shin Bet) ha podido demostrar que la pena capital disuada de la violencia motivada ideológicamente”, sentencia ACRI. (I)
