El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este martes a la ciudadanía a concentrarse el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

“Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, escribió el mandatario en X.

En otra publicación, en la rechazó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe, dijo que la convocatoria es “para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente”.

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Ese tribunal dio a conocer hoy el fallo de segunda instancia en el que revocó la sentencia que en agosto pasado convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y le impuso 12 años de cárcel domiciliaria tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Petro afirmó que la decisión del tribunal “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y de quienes “llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia”.

Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, agregó Petro, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

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“Ha llegado la hora de las definiciones y quien defiende no es Trump, sino el pueblo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Petro propone la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo para reformar la Constitución, pues en junio pasado sorprendió anunciando que, en las próximas elecciones legislativas de marzo de 2026, “será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente”.

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La iniciativa ha sido fuertemente rechazada por distintos sectores, incluidos expertos en derecho constitucional, que no la consideran necesaria porque, en su opinión, la Constitución colombiana ofrece las garantías y derechos al ciudadano.

El argumento de Petro es que la Constitución vigente, de 1991, establece un “Estado social de derecho”, pero, según él, algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen apegados al concepto de “Estado de derecho” propio de la Constitución de 1886. (I)