El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes el indulto para nueve de los condenados por el proceso independentista en Cataluña de octubre de 2017, que cumplían penas de hasta trece años de prisión.

Los indultos fueron aprobados por el Consejo de Ministros y tienen carácter parcial, de modo que los indultados seguirán inhabilitados para ejercer cargos públicos.

En una declaración institucional posterior a la reunión ministerial, Sánchez dijo que con esta decisión el Gobierno español pretende abrir una nueva etapa de diálogo y cerrar el enfrentamiento con Cataluña.

Aseguró además que con los indultos no se les pide a los independentistas catalanes que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad.

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El jefe del Ejecutivo español insistió en el carácter de “utilidad pública” de esta medida de gracia contemplada en la Constitución española, y se mostró convencido de que, con ellos, “hay camino” para la convivencia, registra EFE.

Con esta medida de gracia “queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”, expresó el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.

Esta decisión “es la mejor para Cataluña, es la mejor para España”, señaló Sánchez, quien, aunque auguró “dificultades en el camino” hacia un entendimiento, cree “que merece mucho la pena intentarlo”.

Los nueve indultados, entre ellos varios exmiembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España, refiere AFP.

La decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente.

Sánchez había anunciado los indultos el lunes, con una cuidada puesta en escena en el Teatro del Liceo de Barcelona, la capital de esta región nororiental española, donde justificó la medida, criticada tanto por la derecha como por los independentistas.

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Los nueve beneficiarios del indulto son los exmiembros del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes asociativos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Grave crisis

El intento de secesión de 2017 constituyó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco a fines de los años 70, y todavía condiciona la política nacional.

Pese a la prohibición de la justicia, el gobierno catalán, presidido entonces por el independentista Carles Puigdemont, organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, marcado por escenas de violencia policial.

El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el Gobierno español conservador de entonces respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.

Perseguidos por la justicia, los dirigentes secesionistas huyeron de España, como Puigdemont, o fueron detenidos, como el entonces vicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, hoy indultado.

Estos perdones están lejos de satisfacer a los independentistas, en el poder en Cataluña, quienes exigen una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos, así como la celebración de un referéndum de autodeterminación, posibilidades descartadas por Madrid.

La derecha, que sacó en Madrid el 13 de junio a decenas de miles de personas contra los indultos, acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario precisa del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.

La medida es rechazada por el 53 % de la ciudadanía española, según un sondeo reciente, que por el contrario mostró que el 68 % de los catalanes la aprueba.

‘Lejos aún’ de un acuerdo

Con su decisión, el gobierno de Sánchez busca pasar página de la convulsión de 2017 y propiciar una salida a la prolongada crisis en Cataluña, al mismo tiempo que intenta estabilizar su frágil coalición parlamentaria.

En un contexto en que España respira por la caída de los contagios al avanzar la vacunación anti-COVID y con la próxima cita electoral nacional en dos años, el gobierno de Sánchez pretende retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero de 2020 por la pandemia.

Las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas.

Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, de ERC, mantiene la exigencia de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid, parecido al realizado en Escocia en 2014.

Una posibilidad negada de plano por el Gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.

Los indultos “permiten una mesa de negociación más fluida”, pero un acuerdo “queda muy lejos aún”, estimó Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. (I)