Fiscalía de Bolivia pide seis meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez

La Fiscalía de Bolivia solicitó este domingo seis meses de cárcel para la expresidenta derechista Jeanine Áñez y dos de sus ministros, capturados el sábado en una investigación por un supuesto golpe de Estado contra el exgobernante Evo Morales en 2019, según imputación a la que tuvo acceso la AFP.

Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz, dice el documento. Áñez permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado.

La exmandataria y los exministros fueron acusados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La imputación fue firmada por los fiscales de materia, Harold Jaramillo, Rudy Terrazas y Omar Mejillones, refiere El Deber.

La detención de Áñez fue rechazada en bloque por la oposición de su país, donde es investigada por su participación en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019.

Los principales partidos opositores, conservadores de derecha, niegan que haya habido un golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, cuando en medio de una convulsión social y levantamiento de la policía, Morales renunció y partió a México como primer destino, y Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina.

La oposición, sorprendida, indicó que como expresidenta, Áñez debe ser juzgada por el Parlamento y no por los tribunales ordinarios pero el ministro de Justicia negó toda posibilidad de un juicio de privilegio como exmandataria.

Mientras, algunos dirigentes y agrupaciones de la sociedad civil convocaron desde el lunes a protestas contra estas detenciones, calificadas como una “persecución política” contra aquellos que “defendieron la democracia y la libertad en 2019”, dijo el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) en Twitter.

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Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 km noreste de La Paz, por la policía, en un operativo que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

Su nombre figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.

Llamados al diálogo

La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijera desde Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

Borrell también pidió “diálogo y reconciliación”.

La embajada de Estados Unidos en La Paz solicitó en un comunicado que se respetaran “todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”.

La Conferencia Episcopal de Bolivia pidió “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”, a quienes consideró figuras que buscaron la “pacificación” en momentos difíciles del país.

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Tanto la Iglesia católica, como la Unión Europea, fueron claves para la transición del gobierno de Morales al de Áñez.

Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social de opositores que denunciaron un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.

Los adversarios denunciaron fraude en las urnas, lo que después motivó un motín policial y que las Fuerzas Armadas le sugirieran dimitir.

Morales salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Arce, su delfín y exministro de Economía. (I)