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Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional: La región es la más violenta y desigual del mundo; la protección de DD. HH. no debe ser opcional para los Gobiernos

La directora considera como un grave problema el uso de la fuerza que los Estados muestran como respuesta a las demandas sociales y protestas en las calles.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. CORTESÍA Foto: CORTESÍA

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América Latina enfrenta diversas crisis en materia de DD. HH., y con la pandemia de COVID-19 los países llegaron a imponer medidas para contener contagios; muchas de estas significaron el uso excesivo de la fuerza, vulnerando los derechos, dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Menciona que, en paralelo, muchos Gobiernos de la región han ido limitando el espacio democrático de participación con ataques generalizados en contra de las organizaciones de derechos humanos y de defensores a través de leyes o decretos.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en América Latina? Se sabe que hay mucho riesgo para defensores, violencia e impunidad...

Si hacemos un balance de solo este 2021, lamentablemente vemos una región que está atravesada por diversas crisis en materia de DD. HH., una región que ha sentido el embate de las agresiones, precisamente en manos de sus propios Gobiernos. Creo que es importante contextualizar que seguimos enfrentados como región, y como mundo, a una pandemia sin precendentes, de la que nuestro continente ha sido el más afectado (...). El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por el número de contagios y víctimas mortales, sino que también ha venido a exacerbar muchos desafíos en materia de derechos de grupos históricamente marginalizados. La región es la más violenta del mundo, la más desigual también, en donde la concentración de la riqueza (...) ha tenido un impacto devastador en el ejercicio fundamental de derechos para las grandes mayorías; la desigualdad, la exclusión siguen creciendo y también la incapacidad de nuestros propios Estados para revertirlo. Tenemos el gravísimo problema de la violencia y el gravísimo problema de la militarización como respuesta de los Estados a las demandas y reinvindicaciones sociales.

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Hablando de la pandemia, las medidas de control ciudadano han recibido críticas, desde varios sectores, por considerarse que vulneran los derechos humanos. ¿Esto es correcto?

Hemos visto que, desde el inico de la pandemia, los Estados han intentado imponer medidas para desacelerar los contagios; sin embargo, muchas de estas, que en muchos casos significaron el uso excesivo de la fuerza con las fuerzas de seguridad como instrumento (...), han terminado por develar que, lamentablemente, nuestros Estados recurren con gran facilidad a eso, con restricciones que no solo no tuvieron efecto, como podemos ver en los números, sino que además generaron crisis paralelas de derechos humanos, personas detenidas arbitrariamente, puestas en cuarentenas forzosas, expuestas al virus, entre otras cosas.

Pero, además, muchas de estas medidas, como las limitaciones de movilización o confinamiento forzado, pusieron al descubierto cómo los líderes políticos parecieran estar gobernando otros países, donde no entienden la realidad al confinar a personas donde la economía informal es la base de sustento para millones de personas y familias.

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También medidas de confinamiento que no han tenido el efecto diferenciador para proteger los derechos de grupos de población que ya de por sí estaban en vulnerabilidad, como mujeres y niñas. Se conoce que los confinamientos intensificaron la violencia de género. Lo mismo sucede con migrantes y refugiados que se han visto atrapados en fronteras, sin poder acceder a protección internacional, en una región en donde estamos enfrentando una de las peores crisis de movilidad, con personas provenientes de Venezuela, de Haití o de otros países.

¿Cuáles son las violaciones a los DD. HH. más comunes que se presentan en la región?

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A pesar de la pandemia y de todas las restricciones, continuamos viendo lo que en los últimos años ha ido caracterizando a nuestra región: los grandes movimientos de protesta, de personas saliendo a las calles exigiendo una rendición de cuentas de sus Estados (...). Lamentablemente se encuentran con violencia estatal (...); lo vimos este año en Colombia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y en muchos países, donde las personas están tomándose las calles como último recurso para entablar una suerte de diálogo con sus Gobiernos.

Ese uso de la fuerza se ha vuelto recurrente e inclusive letal, como en Colombia, donde 43 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad y miles quedaron heridas. Estamos viendo una avanzada de muchos Gobiernos de ir limitando el espacio democrático de participación con ataques generalizados en contra de las organizaciones de DD. HH. y de defensores, a través de leyes, decretos (...). Lo hemos visto recientemente en El Salvador, donde el Gobierno ha establecido un ataque confrontal en contra del periodismo independiente y organizaciones de DD. HH.; lo vimos en Nicaragua, en el contexto del proceso electoral tan cuestionado, en donde no solo se encarceló a los aspirantes presidenciales, sino además el Gobierno continuó profundizando una política de represión en contra de toda forma de crítica.

¿Hay algún tipo de preocupación especial por algún país o por varios en el tema de DD. HH.?

Nuestra región lamentablemente no es una región que acapare los titulares de los medios internacionales o de la comunidad internacional a través de los diferentes entes, incluido Naciones Unidas. Son pocas las ocasiones donde vemos pronunciamientos globales, conjuntos, sobre preocupación por algunos de los países de nuestro continente, y esto se debe a la falsa narrativa de hace algunos años de que había progreso frente a un enorme retroceso que estamos viviendo.

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Para Amnistía Internacional es complejo comparar, porque todas las violaciones tienen el mismo nivel de seriedad y gravedad; pero sin duda hay algunas alertas muy específicas, sobre todo por el impacto regional. Centroamérica ha sido una de ellas por muchos años. La crisis de personas que se movilizan fuera de sus países, buscando protección a través de México y EE. UU., ha sido un foco de alerta por años y que está vinculado a la incapacidad de los Estados de proveer protección.

Existen otros focos de altísima preocupación vinculados a países, como Venezuela, donde hace algunas semanas la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación formal, la primera en el continente, por crímenes de lesa humanidad, que muestra, por un lado, la gravedad de la situación que enfrentamos en la región, y por otro lado, la posibilidad y oportunidades que tenemos para seguir avanzando en la agenda por los DD. HH.

También nos preocupa la violencia en contra de nuestros pueblos indígenas, el despojo territorial en países, como Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, donde los pueblos continúan sometidos a políticas públicas racistas que vulneran sus derechos humanos.

Y hablando específicamente de Ecuador, ¿cómo está el país en materia de derechos humanos?

Ecuador es uno de esos países que ocupan poco los titulares. Lamentablemente en los últimos años ha habido más ojos en Ecuador por la represión en las protestas en el gobierno del presidente Lenín Moreno, con los cambios estructurales económicos que se han hecho y que siguen sin resolver los grandes desafíos de las mayorías que viven en situación de pobreza (...). Este año también vimos con preocupación cómo surgían protestas en la primera ronda de elecciones ante cuestionamientos al propio proceso electoral, y que es muestra de cómo la ciudadanía empieza a perder la confianza en las instituciones de Estado (...).

Otro de los temas de altísima preocupación ha sido la situación de las personas privadas de la libertad (PPL). Ecuador es uno de los países donde más PPL han sido asesinadas en enfrentamientos entre pandillas rivales o con autoridades, y esto muestra cómo ha sido el abandono de los centros penitenciarios, la sobrepoblación, la negligencia y el fracaso de las instituciones del Estado para tener un enfoque de rehabilitación social (...), sin que haya alternativas para atender los problemas sociales que llevan a las personas a involucrarse en actos de criminalidad.

¿Es correcto decir que para los Gobiernos de la región no son prioridad los derechos humanos? Y si esto es así, ¿desde dónde se debe trabajar para que el deterioro no se profundice?

Sí es correcto, la protección de los derechos humanos no tendría que ser opcional para los Gobiernos. Es responsabilidad de los Estados garantizar una vida digna a las personas, pero lamentablemente hemos visto que nuestros líderes políticos apuestan por la división, polarización y la fuerza para imponer su poder político y ecónomico en muchos casos, y que los DD. HH. no solo no han pasado a ser una prioridad, sino que han pasado a ser el discurso contrario para imponerse en el poder (...), como los discursos antiderechistas, xenófobos contra migrantes, o racistas contra grupos de población históricamente marginalizados. Creo que hay que hacer una labor de la sociedad en conjunto, no solo de educación, sino de información de lo que significan los derechos, y una labor de demanda de rendición de cuentas de los propios Estados.

Los avances en la región en algunos temas, como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, ¿se pueden considerar como algo positivo en materia de derechos en medio del deterioro que existe?

Sí, digamos que en el contexto adverso. Estamos hablando de los enormes desafíos, de lo difícil que ha sido en los últimos años y particularmente en el contexto de la pandemia el ejercicio de derechos, que me atrevería a decir que en todos los países del continente. Sin embargo, la fuerza, la resiliencia de millones de personas que conforman masivos movimientos de protestas, sobre todo de gente joven, de mujeres, de activistas, muestran el gran potencial de transformación social, porque muchos de los progresos a nivel legislativo, de política pública, de reconocimiento de derechos son gracias a estos movimientos de protesta que ponen la presión en las calles y que levantan la voz para que sus autoridades hagan lo correcto. (O)

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