El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que la asociación con criminales es “una línea roja” que no se debe cruzar, luego de que una investigación periodística revelara que las disidencias de las FARC tienen un alto grado de infiltración en instituciones de seguridad del Estado y contactos con altos funcionarios.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”, dijo el ministro este lunes en su cuenta de X.
El titular de Defensa ordenó “una investigación rigurosa” de las denuncias hechas el domingo por Noticias Caracol que vinculan a un general del Ejército y a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las FARC.
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“La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables, pues de ellos depende la seguridad y la defensa del pueblo colombiano”, agregó Sánchez Suárez, quien agregó que el Ministerio de Defensa “no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector”.
Noticias Caracol reveló el domingo que tuvo acceso a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en los que aparecen comunicaciones que apuntan a vínculos con agentes de seguridad del Estado.
En un correo revelado, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Juan Miguel Huertas, para hacer negocios.
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Funcionarios cercanos a Petro
El oficial, que fue reintegrado al servicio activo este año por el presidente Gustavo Petro y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, según la investigación periodística.
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“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas” para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar “con hombres legales”, señala el correo.
El oficial también le ofreció a las disidencias del EMBF protección para sus desplazamientos y les dijo “que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado”, agrega la investigación.
Otro alto funcionario mencionado en la carta de alias Calarcá es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.
“La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”, agregó el ministro. (I)
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