Una investigación que comenzó hace un año condujo a la desarticulación de un “entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres”, informó la Policía Nacional de España, desde Valencia.

A comienzos del 2023, agentes fueron informados “que se habría retirado un cadáver de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria”. Se señalaba se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.

Doce meses después, la Policía Nacional anunció que quedó desmantelada en Valencia un entramado criminal y explicó que “falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros (1.300 dólares) cada cadáver”.

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Por el grotesco caso reportaron cuatro detenidos, todos hombres entre 41 y 74 años, reseñó la agencia EFE. Tenían relación con una funeraria, donde dos eran responsables de ella y el otro par era trabajadores.

A los sujetos se les acusó de delitos de estafa y falsedad documental, pero “quedaron en libertad provisional tras prestar declaración, en espera de lo que decida un juez de la ciudad española de Valencia”, indicó EFE el lunes 29 de enero de 2024.

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Venta de cadáveres

Aquella denuncia de inicios de 2023 les permitió comprobar a la Policía Nacional “cómo dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura”.

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Inicialmente, el fallecido iba a ser enterrado en su localidad de residencia “en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de la localidad valenciana”.

Pero, el cuerpo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento, aseguró el cuerpo policial.

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Los agentes localizaron otro caso con el mismo procedimiento, esta vez con el cuerpo de un fallecido en una residencia geriátrica. La respuesta obtenida fue que habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer quien habría presuntamente autorizado la donación de su cuerpo.

La investigación echó todo abajo: se pudo constatar que “el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación”.

El trabajo determinó, además, que “dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo”.

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Fallecidos sin familias e incineraciones

Todo estaba planificado para hacerse de la venta de cuerpos. Los implicados “buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias”.

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De esa manera, “aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad”, explicaron desde la Policía Nacional.

Por si fuera poco, la investigación arrojó que la funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros (5.469 dólares) por 11 incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna incineradora de Valencia, difundió EFE.

Lo explicado por la Policía indigna: Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica. (I)

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