Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves se unieron esta semana a otros dos países caribeños que acordaron con Estados Unidos aceptar a migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen, mientras que Guyana está cerca de llegar a un pacto similar.
Las cuatro naciones del Caribe Oriental -Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía- aceptaron este acuerdo para proteger y mantener su programa de Ciudadanía por Inversión (CIP).
Este programa, que ofrece la ciudadanía a cambio de una contribución económica significativa, ha sido criticado por Washington, que llegó a incluir temporalmente a Antigua y Barbuda y Dominica en su lista de países cuyos nacionales enfrentaban restricciones parciales de viaje.
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A estos países, EE. UU. les ha presionado para que apliquen estándares más estrictos como biometría obligatoria y requisitos de residencia.
El primer ministro de Santa Lucía, Phillip Pierre, explicó a principios de esta semana que el Gabinete aprobó un Memorando de Entendimiento (MOU) para “aceptar la posible transferencia de ciertos nacionales de terceros países presentes en EE. UU.”.
“Este MOU establece un marco de cooperación y no implica ninguna transferencia inmediata ni compromisos futuros. Es transparente y coherente con las leyes, políticas e intereses nacionales de Santa Lucía”, aclaró.
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Según Pierre, el acuerdo “no invalida las leyes ni afecta la política de inmigración ni de visas” del país, y “la toma de decisiones finales recae exclusivamente en el Gobierno de Santa Lucía”.
Por su parte, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew, declaró que, como parte del Memorando de Entendimiento, se ha negociado no aceptar el traslado de personas de ningún país fuera de la Comunidad del Caribe (Caricom).
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No obstante, Drew señaló que, por motivos de seguridad, por el momento no estarán incluidos los nacionales de Haití, un país que forma parte de Caricom, organización caribeña integrada por 15 Estados.
El Primer Ministro explicó que no se aceptará a ninguna persona con antecedentes de delitos violentos o sexuales y que San Cristóbal y Nieves aceptará “cada traslado caso por caso”.
Este asunto también ha avanzado en Guyana, donde las autoridades afirmaron que las conversaciones con Washington tienen un enfoque más económico.
El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert M. Persaud, describió las conversaciones como “productivas” y las vinculó con las solicitudes del sector privado de mano de obra cualificada.
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En medio de una rápida expansión económica impulsada por el petróleo, Guyana enfrenta un déficit de personal cualificado estimado en hasta 80.000 trabajadores.
Persaud explicó que, bajo este nuevo marco, se daría preferencia a personas cualificadas sin antecedentes penales, y EE. UU. cubriría los costos de reubicación e integración. (I)
