La Corte Suprema de Brasil pidió este miércoles explicaciones al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el megaoperativo policial lanzado en la víspera contra el Comando Vermelho, que dejo más de un centenar de muertos.

La orden judicial, firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, fijó una audiencia el 3 de noviembre en Río para que Castro responda interrogantes concretos, como el número oficial de muertos y heridos, el informe detallado de la operación, las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros.

Fusiles de asalto incautados durante la Operación Contención en el Complejo Penha se exhiben durante una conferencia de prensa en la sede de la Policía Civil en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025. La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó el miércoles que un total de 132 personas murieron en la redada policial más sangrienta contra bandas de narcotraficantes en la historia de la ciudad brasileña, mientras los residentes, enlutados, depositaban decenas de cuerpos en las calles. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP) Foto: AFP

El pedido de explicaciones se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

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En tanto, el Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.

Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 119.

Castro, responsable político de la intervención, dijo que el operativo fue un “éxito”, quitando los cuatro agentes que perdieron la vida durante el desarrollo de la acción, a los que se refirió como las únicas víctimas.

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Más temprano, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación y dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó “aterrado” por el número de muertes y “sorprendido” por no haber recibido aviso previo. (I)