Colombia está cada vez más cerca de retomar las aspersiones aéreas con glifosato

El Gobierno colombiano está empeñado en volver a las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el polémico herbicida glifosato, para lo cual ha avanzando en cumplir con los requisitos impuestos por la Corte Constitucional.Las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de esa Corte basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medio ambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud (OMS).Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar asperjar con glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumple seis exigencias sanitarias ambientales.En Colombia no está prohibido el uso del glifosato -de hecho es uno de los herbicidas utilizado en agricultura y jardinería- pero lo que ha estado suspendido es su uso por aspersión aérea.El Gobierno expidió el pasado 12 de abril el decreto que le da un marco jurídico para volver a fumigar por vía aérea los cultivos ilícitos con glifosato.A través de ese documento se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.También detalla la forma como funcionará el mecanismo de quejas para atender posibles afectaciones en la salud de las personas y del medioambiente que podrían ocurrir en la ejecución de la aspersión aérea con glifosato.Dos días después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acercó más al Gobierno en el cumplimiento de lo pedido por la Corte y aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG).Allí se incluyen más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que en caso de que se reanude la actividad, se logre mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos, entre otros.En cuanto a los estudios de riesgo en salud que pide la Corte Constitucional ya se hicieron. El Ministerio de Salud contrató a la Universidad de Córdoba, de Montería (norte), para que hiciera la evaluación de riesgos para el uso del glifosato en la fumigación aérea.El Instituto Nacional de Salud (INS) analizó la evaluación de riesgos hecha por la universidad y dio su concepto al Ministerio de Salud.La Policía dijo que a través de la Dirección Antinarcóticos está lista para empezar este proceso cuando se cumplan todos los protocolos necesarios. La flotilla de aeronaves, avionetas y helicópteros jungla están listos, al igual que las tripulaciones que asperjarán.El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) es el organismo que tiene en sus manos la decisión de si se vuelve a utilizar el glifosato en fumigación aérea de cultivos ilícitos.En el CNE tienen asiento los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Agricultura, así como la Procuraduría, el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el director general de la Policía, el director General de Aduanas y el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil.Allí se analizarán los documentos que aporten los ministerios de Justicia, Salud, Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que los de la Policía.Para estudiar el tema el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, debe citar al CNE, que es el único organismo que puede decir si se retoma definitivamente la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato, aunque la Corte estará encima de que se cumplan todos los requisitos.Falta además que se resuelva una acción de tutela (recurso de amparo) en la que comunidades alegan falta de garantías de participación en el trámite del Plan de Manejo Ambiental de la Policía sobre el glifosato avalado por la ANLA.Además la decisión del Gobierno ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por expertos y por los cultivadores de coca, que alegan que la aspersión aérea va en contra del acuerdo de paz que contemplaba la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por otros. (I)

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