El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reglamentó este miércoles una ley que impone límites para el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar mayor protección en internet para menores de edad y combatir la adicción digital infantil.
“Hoy es un día histórico para las familias brasileñas porque estaremos más tranquilos cuando niños y adolescentes brasileños estén en internet”, afirmó Lula, quien añadió que con la nueva norma se busca garantizar que los menores puedan seguir utilizando los espacios digitales “con toda la protección que ellos necesitan”.
El líder progresista señaló que con la reglamentación de la nueva ley también se pondrá freno a los que actúan en internet y dejó claro que aquello que es considerado un crimen en el mundo real también lo es en el ambiente digital, por lo que los responsables tendrán que enfrentar “todo el peso de la ley”.
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Lula recordó que uno de cada cinco adolescentes entre 17 y 19 años fue víctima de explotación o abuso sexual en el entorno digital en el país y advirtió sobre amenazas digitales que pueden llevar a la muerte a los menores.
La nueva legislación, que hace parte del Estatuto Digital de la Infancia y la Adolescencia, aprobado por el Congreso en 2025, obliga a las plataformas de internet a adoptar niveles máximos de protección de datos en los casos de niños y adolescentes, lo que incluye sistemas confiables de verificación de edad.
Asimismo, los menores solo podrán registrarse en las redes con una expresa autorización de sus padres, que deberán contar con mecanismos apropiados para fiscalizar su uso.
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Otras medidas incluidas en la ley prohíben el envío de contenidos pornográficos o violentos hacia las cuentas de menores de edad, que tampoco podrán tener acceso a juegos de azar en el espacio virtual, entre diversas limitaciones.
El marco legal, resultado de más de tres años de debate legislativo y de la movilización de organizaciones civiles, busca reducir riesgos como la exposición a contenidos violentos o inapropiados, la explotación comercial de menores y el acceso a productos prohibidos como alcohol, tabaco o armas. (I)
