Bolivia reactivó este jueves una campaña para destruir y “racionalizar” cultivos ilegales de hoja de coca, en momentos en que estas plantaciones aumentaron un 10 % en el país en 2025, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La operación comenzó con un acto simbólico en el municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras del país y bastión sindical y político del expresidente Evo Morales (2006-2019).
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, propuso a los productores de la zona abrir un “diálogo para el desarrollo económico y productivo” del Trópico de Cochabamba, con el objetivo de convertir la región en un “polo turístico” y “deportivo”.
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“Así como propongo diálogo para el desarrollo económico y productivo del Trópico, quiero decirles con absoluta claridad que no vamos a permitir que el narcotráfico campee en ninguna parte de nuestro territorio nacional”, advirtió.
Aunque la hoja de coca tiene usos tradicionales y legales en Bolivia, parte de su producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
En el operativo participaron también el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y la representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mónica Mendoza, que acompaña el monitoreo de cultivos en el país.
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La hoja de coca está reconocida en la Constitución boliviana, vigente desde 2009, por sus usos tradicionales, medicinales y culturales. La superficie legal de cultivo fue ampliada de 12.000 a 22.000 hectáreas mediante una ley promulgada en 2017 durante el Gobierno de Evo Morales.
Según el ministro Oviedo, estimaciones oficiales señalan que en 2025 las plantaciones podrían haber alcanzado las 40.000 hectáreas, por lo que el Gobierno anunció que aplicará un “control efectivo” para evitar que los cultivos superen los límites permitidos.
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Por su parte, Justiniano afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre, busca “concertación” con los productores legales de hoja de coca y pidió a los cocaleros del Trópico de Cochabamba que sean “aliados” de las autoridades “para luchar contra el narcotráfico”.
La llegada de las autoridades a la región puso en alerta a campesinos y cocaleros afines a Evo Morales, que mantienen vigilias desde finales de 2024 ante el temor de que el exmandatario sea detenido.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 por un proceso por presunta trata agravada de personas. La Fiscalía le acusa de haber mantenido una relación con una menor con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.
La acusación formal fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha del juicio y que la Policía ejecute la orden de captura vigente contra el exmandatario. (I)
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