El Gobierno de Bielorrusia ha informado a la ONU que no colaborará con su Oficina de Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, a la que los gobiernos encargaron un seguimiento cercano de la situación en ese país, donde el régimen ha reprimido violentamente todo viso de oposición a la permanencia en el poder del presidente Aleksandr Lukashenko.

En cumplimiento de una decisión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet creó una comisión internacional compuesta por tres expertos para hacer un seguimiento de la situación en Bielorrusia, pero el régimen de Lukashenko le acaba de informar de que no cooperará con este grupo y se ha negado a cualquier reunión para tratar el asunto.

Esta decisión impedirá que los expertos visiten el país, como era su intención, y los obligará a hacer un análisis de la situación a distancia, como ocurre con varios otros países donde los gobiernos se niegan a autorizar que enviados de la ONU entren en sus territorios para verificar los hechos relacionados con violaciones graves de los derechos humanos.

Desde la creación de la figura presidencial en 1994, tras la desintegración del bloque soviético, Lukashenko ha sido el único presidente del país, reelecto una vez tras otra en comicios que la comunidad internacional ha cuestionado.

Según Bachelet, desde agosto de 2020, cuando se produjeron manifestaciones ciudadanas pacíficas, la situación no ha hecho más que degradarse en Bielorrusia y se calcula que hay más de 650 prisioneros políticos, entre activistas, opositores y periodistas.

Asimismo, los medios de comunicación independientes no dejan de ser acosados y el año pasado 497 periodistas y trabajadores de estas empresas fueron detenidos, con 68 de entre ellos que sufrieron malos tratos que pueden haber llegado a la tortura.

Actualmente, 27 periodistas siguen detenidos, entre ellos Román Protasevich, arrestado el pasado mayo tras el desvío del avión en el que viajaba de Grecia a Lituania.

La ONU reportó que hasta el pasado agosto 129 oenegés habían cerrado o estaban en proceso de liquidación por parte de Estado y que entre ellas hay varias que colaboraban con distintas instancias de derechos humanos de la ONU.

Esta situación ha empujado a miles de personas a escapar de Bielorrusia, pero Bachelet comentó que también existe información de que refugiados e inmigrantes que estaban en ese país han sido inducidos por las autoridades a cruzar la frontera con países de la Unión Europea, como Lituania, Letonia y Polonia. (I)