El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a reclamar este martes que la UE recurra al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la “bazuca” comercial, una de las medidas que barajan los Veintisiete en caso de que el presidente Donald Trump imponga aranceles contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.
Macron instó a usar este instrumento cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”, durante una intervención en el Foro de Davos, en el que también participaron otros líderes europeos y se pronunciaron sobre la escalada de tensiones con Trump en torno a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.
Junto a la “bazuca comercial”, la UE estudia otras posibles represalias económicas por valor de unos 93.000 millones de euros, medidas que serán discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada en Bruselas.
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Aunque la mayoría de capitales europeas apuesta por el momento por dialogar con Washington para tratar de rebajar la tensión y entender qué hay de cierto en la advertencia de Trump, los líderes presentes en Davos aprovecharon la ocasión para tratar de enviar un mensaje de firmeza ante el mandatario republicano.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró durante su intervención que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia será “firme, unida y proporcional”, y afirmó que “la soberanía y la integridad de su territorio no son negociables”.
El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, aseguró por su parte que aunque la UE no desea una guerra comercial con Estados Unidos, no se dejará “intimidar” por las amenazas de Trump y afrontará un conflicto económico con Washington si no hay alternativa, según dijo en declaraciones a la cadena belga VTM Nieuws.
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93.000 millones de euros en aranceles
Ante la eventual imposición de aranceles de Estados Unidos, Bruselas reaccionaría con sus propios gravámenes a la importación de productos estadounidenses, por un valor de unos 93.000 millones de euros anuales.
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Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.
¿Cuándo entrarían en vigor?
La UE preparó este paquete el año pasado en pleno enfrentamiento comercial con Washington, pero suspendió su aplicación mientras se negociaba el pacto que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron en Escocia en verano, en el que Bruselas aceptó un gravamen del 15 % para una gran cantidad de productos europeos, entre ellos los automóviles y los semiconductores, mientras que Estados Unidos logró terminar sin aranceles de la UE.
Actualmente, la lista de 93.000 millones de euros está congelada hasta el 6 de febrero, pero podría reactivarse al día siguiente si los Veintisiete optan por no prorrogar la suspensión, algo que deberán decidir en las próximas semanas.
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Mientras tanto, los principales grupos del Parlamento Europeo se oponen a ratificar el acuerdo entre Trump y Von der Leyen y tienen previsto tomar una decisión este miércoles.
Instrumento anticoerción
Informalmente se conoce como la “bazuca comercial” y entró en vigor en 2023 para hacer frente a “una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión”.
El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y sólo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.
Por ejemplo, restricciones a las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.
¿Cómo se activa?
Su puesta en marcha puede alargarse varios meses y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en llegar, aunque los plazos pueden acortarse si se quiere actuar con celeridad.
En primer lugar, la Comisión tiene hasta cuatro meses para comprobar que la UE se enfrenta a una coerción económica.
Una vez haya llegado a esa conclusión, los países de la UE tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno de al menos 15 países que representen al 65 % de la población.
Bruselas tendría entonces seis meses para plantear las represalias.
Además de Francia, apoyan esta propuesta España, Alemania y Polonia, según han dicho a EFE fuentes diplomáticas.
Aunque por ahora no hay consenso para estrenarlo frente a Estados Unidos. (I)
