Alexander Enrique Granko Arteaga, conocido en círculos opositores como “el carnicero de Maduro”, es señalado desde hace años como uno de los principales operadores de las labores de represión del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente por su presunta participación directa en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

Granko (44 años), teniente coronel de la Guardia Nacional, ascendió en el aparato de seguridad tras integrar el equipo de escoltas del fallecido presidente Hugo Chávez.

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Alexander Granko (2-i) es una de las figuras más controvertidas dentro de la estructura de seguridad del chavismo.

Su figura tomó notoriedad internacional en 2018, cuando fue identificado entre los jefes del operativo que dio muerte al policía rebelde Óscar Pérez y a otros seis opositores en el hecho conocido como “la masacre del Junquito”, pese a que el grupo ya había anunciado su rendición.

Investigaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU lo describen como un funcionario que habría “ordenado, supervisado y participado” en torturas, violencia sexual, desapariciones de corta duración y otros tratos crueles contra militares y civiles acusados de conspiración. Organizaciones de derechos humanos, como HRW, han documentado abusos atribuidos a unidades bajo su mando dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

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El oficial también ha sido vinculado a los casos de tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, así como a patrones de represión contra militares desertores. Por estos hechos, la Unión Europea y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo han sancionado por “abusos sistemáticos contra los derechos humanos”.

En paralelo a las acusaciones por violaciones de derechos fundamentales, Granko ha sido señalado de acumular un amplio patrimonio, con negocios que incluyen propiedades, vehículos de lujo y actividades comerciales vinculadas al crudo, la exportación de chatarra desde puertos venezolanos y presuntas operaciones de criptominería en los estados Bolívar y Yaracuy.

Su nombre, ligado durante años al aparato de represión y ahora a tramas económicas bajo investigación, mantiene a Granko Arteaga como una de las figuras más controvertidas dentro de la estructura de seguridad del chavismo. (I)