Municipio de Guayaquil invertirá diez millones de dólares en la nueva entrega de kits de alimentos que iniciará en fiestas julianas, ocho meses antes de las elecciones, pero niega un interés político en el plan

La Municipalidad de Guayaquil ha entregado 936.260 kits de alimentos desde abril del 2020 hasta diciembre pasado, a raíz de la pandemia del COVID-19.

Los cartones con alimentos llegaron a familias que viven en casas de caña, mixtas, propias o alquiladas, pero también a unas de cemento de sectores como Martha de Roldós, en el norte de la ciudad, y del suburbio, en el suroeste.

Teresa Córdova y Yesenia Hernández son jefas de hogar. La una vive en el sector Tres Bocas de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, en una vivienda mixta y propia de una planta. La segunda, en la ciudadela Martha de Roldós, en una casa de cemento de dos pisos de la que también es dueña.

Córdova, de 49 años de edad, cuenta que ha recibido trece canastas del cabildo desde abril del 2020, de las que cuatro las ha recogido a razón de una por mes a partir de marzo de este año. Con esto suple en parte la alimentación de ella y de su hijo David Saverio, de 11 años.

El nivel de pobreza por ingresos deficientes no logra superarse de manera significativa en Ecuador tras más de dos décadas de políticas asistencialistas que implican la entrega de bonos

Y, como dirigente de su sector, coordinó la entrega a otras familias en una zona caracterizada por tener servicios básicos y de transportación deficientes, al igual que calles de tierra.

“Estos alimentos me ayudan a mí y a mi hijo, que tiene 77 % de discapacidad física, con parálisis cerebral infantil (PCI). Nos alcanza para unos catorce días, ya que solo vivimos los dos”, afirma Teresa, quien quedó viuda hace seis años.

Es un tiempo en el que su hijo ya no pudo acceder a las terapias de rehabilitación que hacía en el hospital del Niño Roberto Gilbert de Guayaquil, las que eran cubiertas con la seguridad social de su padre fallecido, que era chofer.

“Mi hijo se sentaba, hablaba, se daba a entender, levantaba la cuchara, empezaba a caminar con dos pasamanos de madera que mi esposo le hizo; pero, sin las terapias y tras la pérdida del papá, retrocedió. No podía pagarlas, y recién desde este año las retomó y se ha recuperado un 50 % de como estaba hace seis años”, dice Teresa. Ella también recibe el bono estatal Gallegos Lara de $ 240 mensuales desde hace ocho años.

“No puedo trabajar, porque no tengo con quién dejarlo, así que tratamos de sobrevivir con el bono. Y ahora que la alcaldesa (de Guayaquil, Cynthia) Viteri nos ayuda con una canasta cada mes, además nos ha dado la silla postural, los pañales y las terapias de Davisito a las que venimos una vez a la semana desde marzo pasado (en el Centro Municipal de Habilidades Valientes)”, afirma la beneficiaria.

David padeció periodos de altas fiebres a partir de los nueve meses de edad y convulsionó internamente, cuenta Teresa. Tras ello, desarrolló PCI.

María Fernanda Mero, una de sus vecinas, dice que las ha recibido en tres ocasiones (dos cartones en cada una) desde el inicio de la pandemia. Ella vive en una casa de caña con piso de tierra en un núcleo familiar de once miembros. “Los dos cartones que me dieron me han durado hasta semana y media. Somos bastantes, pero sí es una ayuda”, refiere.

En su caso, su esposo trabaja en el sector de la construcción y se quedó sin empleo al inicio de la pandemia. Recién retomó sus labores el año pasado, por lo que ha sido un periodo de necesidades. “La primera vez que vinieron (en abril del 2020) nos cayeron de sorpresa; no teníamos ni para comer. Uno de mis hijos también trabaja de albañil; cada uno gana $ 120 semanales, pero no es siempre, solo cuando tienen empleo”, reseña.

Yesenia, en cambio, tiene 44 años de edad y vive en mejores condiciones. Es dirigente del sector 500 de Martha de Roldós, al pie de una de las decenas de peatonales que conforman esta ciudadela ubicada en el norte de Guayaquil. Ella adquirió su vivienda hace doce años.

Esta madre soltera vive con sus dos hijos y nuera. Uno de sus vástagos tiene un taxi con el que sustenta a la familia. “Cada kit Nos alcanzó como para una semana. Desde la pandemia, gracias a Dios y a la alcaldesa (de Guayaquil) Cynthia Viteri, hemos recibido tres canastas. La primera (al inicio de la pandemia) nos cayó del cielo, ya que justo el taxi estaba chocado en el canchón como tres meses y mi hijo no podía trabajar”, afirma.

La Municipalidad de Guayaquil ha destinado 11,7 millones de dólares desde abril del 2020 hasta diciembre del 2021 en la adquisición de aproximadamente 1′100.000 kits alimenticios, cantidad que incluye a los pollos con menudencias que se dieron a finales del 2020, según los procesos de contratación publicados en línea.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó las contrataciones con dinero de la ciudad tras la firma de un convenio de cooperación con el cabildo.

El Banco de Alimentos Diakonía fue el sitio donde se acopiaron los kits. Los contratistas trasladaron los cartones con alimentos a este punto ubicado en la Prosperina, en el norte de Guayaquil.

Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, señala que la ciudad basa su actividad económica en el sector privado y que “la inmensa mayoría de los guayaquileños vive del día a día”, de lo que vende o trabaja fuera de casa, lo que fue imposible con las restricciones y el confinamiento establecido desde marzo del 2020, medidas que siguieron en mayor o menor magnitud hasta inicios de este año.

“Muy fácil es para un servidor público o quien recibe su sueldo quedarse en casa, pero entendimos que en Guayaquil la gente sale a buscar el alimento (...). Los vendedores informales salían a las calles, pero no encontraban a quién vender. Entonces, de allí nació esta idea de poder llegar con estos kits de alimentos a las familias más necesitadas”, indica.

Las políticas asistencialistas son necesarias en un país como Ecuador, con familias inmersas en una pobreza endémica sostenida, dice Carlos Uribe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) con un Ph. D. en Economía. Sin embargo, agrega que estas acciones deben ir acompañadas de medidas de fondo que garanticen una prosperidad permanente atada a que cada ciudadano acceda a un empleo formal en un mercado laboral que tenga más opciones y mejores condiciones.

Un kit sirve para suplir el hambre de una familia de cuatro integrantes durante una semana, según lo que contienen. Por lo general, en un poco más de año y medio, cada familia ha recibido hasta tres kits, entre abril del 2020 y diciembre del 2021, es decir, alimentación para unas tres semanas, lo que se reduce cuando hay hogares con más miembros, como el de Mero.

“Allí está el manejo político del tema. Se gastan once millones de dólares en dar de comer dos o tres veces al año a las familias, como si solo comieran ese tiempo. Eso es populismo puro; no tiene sustento técnico ni se va a reducir la pobreza. Va a aliviar una semana de hambre a una familia de cuatro, dos veces al año. Si eso no viene atado a políticas más integrales de reducción de la pobreza, es un tema puramente populista”, afirma.

Sánchez responde que no hay un manejo político en el momento de establecer a los beneficiarios de los kits, y que las entregas tuvieron la auditoría de la Cruz Roja, entidad que verificó el número de cartones que salían de las bodegas de Diakonía y que llegaron a las casas definidas como las más necesitadas.

“Este operativo fue acompañado de toda la Dirección de Salud (del Municipio), que además de la entrega de los kits iba casa a casa haciendo los triajes respiratorios para identificar los casos de COVID-19 de manera oportuna y puedan recibir atención y medicinas. Así nació, así fue la primera entrega y luego hicimos una evaluación con la Universidad Ecotec. Lo obvio es que en los sectores más vulnerables se habían perdido los empleos y había una necesidad económica muy fuerte por lo que la conclusión fue que debíamos continuar”, asegura Sánchez.

Incluso, ahora la entrega de los kits de alimentos será parte de un programa municipal permanente denominado Alimenta Tu Familia Guayaquil, que con un presupuesto de diez millones de dólares al año busca llegar con 350.000 kits nutritivos a un igual número de familias que viven en zonas urbano-marginales y rurales del cantón, indica Sánchez; esto dos veces al año, es decir, unos 700.000 cartones con alimentos.

La decisión se determinó en base a los casos de desnutrición crónica infantil que se detectaron durante las entregas con la visita de los nutricionistas a estos hogares. De allí se creó una base de datos que incluye a diez mil familias que enfrentan esta problemática en la ciudad. La definición de los beneficiarios se nutrió también del cruce de información con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), menciona el vicealcalde.

A estos diez mil hogares también se llegará con un kit municipal cada mes durante nueve meses, que es el tiempo estipulado para que dejen esa condición de desnutrición, dice Sánchez. A cambio los miembros de estos hogares deberán asistir a charlas sobre como alimentarse de manera nutritiva.

“En Guayaquil estamos acostumbrados ya a asumir competencias que no nos corresponden. Este es un programa que busca sacar a madres embarazadas y niños con desnutrición crónica y aguda de ese estado para que puedan crecer. Obviamente, eso debe ir acompañado con un plan integral: nosotros desde la Dirección de Salud damos ese acompañamiento y estamos construyendo este proyecto para que estas familias salgan de ese estado, por eso indicaba la educación, impartir el conocimiento (para mejorar los hábitos alimenticios)”, asegura Sánchez.

La entrega de kits fue una política implementada durante la pandemia del COVID-19. Incluso la ex directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Alexandra Ocles y otros funcionarios, enfrentan un juicio tras adquirir 7.000 canastas con alimentos a un precio de $ 1′055.740 cuando se debió pagar $ 706.790.

La firma de este contrato se dio el 1 de abril del 2020 cuando Ocles estaba a la cabeza del SNGR. El informe de la Contraloría General del Estado determinó un sobreprecio del 40,23%.

El SNGR pagó $150,82 por una canasta con 18 productos.

PNUD hizo las adjudicaciones con su propio mecanismo de contratación

El PNUD tiene su propio sistema de contratación con sus propias normas y políticas como no publicar valores referenciales de los contratos, solo el precio final de la contratación adjudicada, con el fin de promover “la libre competencia entre las empresas participantes”, según señala en cada uno de los procesos que se hacen en línea. Incluso indica que los participantes en los concursos “deberán hacer su mayor esfuerzo para ofertar sus mejores precios”.

Esto es contrario al sistema de contratación pública nacional que si publica un valor base referencial.

Las compras incluyeron 250.000 pollos con menudencias adjudicados a Mega Santamaría en noviembre del 2020 a un costo de 1,3 millones de dólares.

Mientras que la cadena Tía fue la principal proveedora de los kits: un total de medio millón de ellos, a un costo de $5,9 millones, adjudicados entre abril y noviembre del 2020.

La última contratación publicada en el sistema del PNUD es la adjudicación de 4,4 millones de dólares a la empresa Caterfood Broadliner por 350.000 kits en diciembre pasado. Como actividad económica principal esta firma registra la “explotación comercial, producción, procesamiento e industrialización de toda clase de alimentos frescos y congelados para el consumo humano y animal“, según la web de la Superintendencia de Compañías (SC).

Es una sociedad anónima que registra entre sus accionistas a la empresa nacional Bjork Holding, según la SC, un conglomerado financiero que lleva la administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales.

En esta última figura como accionista Corporación La Favorita, de la línea de supermercados Megamaxi, Supermaxi y Akí, y que está en el top 10 de las principales empresas nacionales.

El costo promedio de cada uno de los últimos 350.000 kits adquiridos fue de $ 12,6 por un cartón que contenía una funda de 2.000 gramos de arroz, 800 gramos de fideo, 500 gramos de avena, 1.000 gramos de lenteja, una botella de aceite de 900 mililitros, 4 latas de atún en aceite de 170 gramos cada una, 500 gramos de azúcar, 170 gramos de cocoa y 400 gramos de leche en polvo, según los documentos del concurso subidos en el sistema de contratación del PNUD.

Estos productos, con las mismas cantidades o similares, cuestan en conjunto $ 20,43, según el precio promedio actual minorista en las cadenas de supermercados del país.

“El PNUD nos ha permitido actuar de forma transparente, ágil y con el ahorro de muchos recursos porque cada adquisición ha tenido un costo referencial de un kit que por la magnitud de la compra y el nivel de negociación nos ha permitido siempre conseguir un ahorro importante que se ha convertido en nuevos kits para atender a más familias”, dice el vicealcalde.

En el documento de las bases del concurso, en los criterios de los procesos, se indica que “el PNUD adjudicará el contrato al licitante calificado y que reúna las condiciones que se estime respondan a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio más bajo”.

Sin embargo, también recalca que la entidad tiene el “derecho a aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas (...) sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligación de informar a los licitantes afectados de los motivos de la decisión”. Igualmente añade que “el PNUD no estará obligado a adjudicar el contrato a la oferta de precio más bajo”.

Los criterios para establecer a las familias beneficiadas se definieron en función de los sectores con más contagios, de acuerdo con los mapas de calor realizados sobre la geografía de Guayaquil, recalca Sánchez, “siempre obviamente priorizando a las zonas más necesitadas”. El objetivo era que la ciudadanía permanezca en casa cumpliendo las disposiciones estatales.

Las entregas se retomarán, agrega Sánchez, a finales de julio próximo, justo el mes en que se recuerda el proceso fundacional de Guayaquil, y siete meses antes de las elecciones seccionales en las que Viteri buscará la reelección, previstas para el 5 de febrero del 2023. (I)