Ninguna mujer elige el terror de la violencia

Por Joselyn Pispira Espinoza* Ecuador atraviesa una crisis profunda y socialmente traumática. Nuestro día a día se organiza en función del riesgo y la amenaza; el miedo se ha vuelto una constante en la vida de las y los ecuatorianos. Sin embargo, para las mujeres, vivir con miedo no es nuevo.En un país con un femicidio cada 21 horas (según datos de la fundación ALDEA para 2025), ser mujer nos ubica en una situación de riesgo constante. Esto no es un problema aislado: es un problema estructural, social y político, arraigado en una sociedad patriarcal.Los femicidios son la punta del iceberg de un continuum de violencias. Su motivación trasciende las relaciones de poder en el contexto de pareja o familia. Es el desenlace letal de una historia de agresiones, ya sean físicas, psicológicas, económicas o sexuales, que despojan progresivamente a las mujeres de su dignidad y derechos.Esta lógica se intensifica en territorios controlados por el crimen organizado, donde adquiere una función de control y poder. Desde una mirada de género, los cuerpos de las mujeres se convierten en herramientas delictivas; son botín de guerra, castigo ejemplar y un mensaje de advertencia social: los grupos criminales comunican quién manda y disciplinan a la población, controlan el territorio y demuestran su poder absoluto sembrando el terror colectivo amparados por la impunidad.Los sistemas criminales no solo operan desde una lógica patriarcal, sino que se nutren activamente de ella. Por un lado, explotan una masculinidad hegemónica que glorifica el poder, la violencia y el control como forma de validación social, reclutándolos mayoritariamente como ejecutores directos de los delitos. Esta explotación se sostiene, a su vez, en la precarización económica de comunidades históricamente vulnerabilizadas. Por otro lado, aplican sobre las mujeres lógicas criminales específicas: planificación, reclutamiento forzado, trata con fines de explotación sexual, desapariciones y eliminación sistemática de cuerpos.En el Cepam Guayaquil, organización social feminista que acompaña a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, conocemos de cerca una verdad: ninguna mujer elige el terror de la violencia.Las mujeres no se involucran en estos contextos por elección propia. Son empujadas por condiciones afectivas y sociales, como tener relación íntima con un integrante de estas estructuras, quien muchas veces es también su agresor; y, ante la ausencia de redes de apoyo, la falta de protección estatal y la precariedad económica, no tienen otra opción que coexistir con el peligro.Frente a esto, la respuesta social suele ser revictimizante. Prejuicios como “¿Quién le mandó?”, “Ella se lo buscó”, “¿Por qué no salió de ahí?” ignoran una realidad: de la violencia no se sale sola, sino acompañada; con garantías reales de seguridad, una obligación del Estado. Exigir que “hablen” o denuncien sin crear las condiciones para que hacerlo no les cueste la vida es, por tanto, una irresponsabilidad social y estatal.La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido, hasta ahora, punitiva, insensible e inefectiva. La militarización y los constantes estados de excepción son respuestas paliativas y contraproducentes que no abordan la raíz del problema. Lo que necesitamos con urgencia son políticas públicas integrales con perspectiva de género. Políticas que, en primer lugar, atiendan las necesidades urgentes de las mujeres y niñas que sobreviven en contextos de alto riesgo, ofreciéndoles rutas reales de protección y salida. El femicidio en contextos criminales es prevenible. Finalmente, deben atacar las causas estructurales. Esto implica necesariamente un cambio en las políticas económicas que precarizan la vida y profundizan las desigualdades, y crean las condiciones favorables para la expansión de los sistemas criminales.Sin este doble enfoque —de protección inmediata y transformación estructural— cualquier estrategia terminará en fracaso y seguirá costando vidas. (O) * Pispira Espinoza es psicóloga e investigadora de Cepam Guayaquil.

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