Estos son los candidatos a asambleístas nacionales que tienen o han enfrentado juicios por asociación ilícita, estafa, calumnia, uno es acusado de ser testaferro de Leonardo Norero

Nota del Editor: Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. EL UNIVERSO y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información. Con el llamado a juicio por el caso Metástasis, el público se enteró de que uno de los acusados no podría ser procesado porque era aspirante a asambleísta nacional en estas elecciones de 2025 .Él es Armando Flor Izaguirre , quien ya se había inscrito como candidato por el partido Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), organización que postula al general de policía en servicio pasivo Víctor Manuel Araus a la Presidencia de la República.Este no es el único caso. Otros candidatos de las listas nacionales también tienen procesos judiciales activos y, por mandato del Código de la Democracia, pueden acogerse a la inmunidad temporal que les otorga la ley.Entre ellos están Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO) , según el archivo digital de la Función Judicial, con corte a diciembre de 2024.De acuerdo con el artículo 108 de este Código, “ las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar ”. Una vez que sean proclamados los resultados, dispone la norma, los procesos penales en su contra podrán reactivarse, pero los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional. Además de estos tres casos hay un cuarto activo abierto por calumnia .Otros catorce candidatos tienen investigaciones previas archivadas , otros dos con condenas ejecutoriadas y uno con sobreseimiento .En total, 21 candidatos a asambleístas nacionales, de un total de 180, es decir el 11 %, han enfrentado denuncias e investigaciones penales , ya sea en el desempeño de sus actividades públicas o en el ámbito privado.Estos fueron inscritos para alcanzar una curul por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Amigo (lista 16), Centro Democrático (lista 1), PID (lista 4), Izquierda Democrática (ID, lista 12), Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), SUMA (lista 23), Unidad Popular (UP, lista 2), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y la alianza Revolución Ciudadana-RETO (RC-RETO, lista 5-33).El próximo 9 de febrero se elegirán quince legisladores nacionales.Estos son los casos penales destacados:Una de las postulaciones más polémicas en estas elecciones es la de Armando Flor Izaguirre (PID, lista 4).El ahora candidato fue llamado a juicio en el caso Metástasis como supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero. Flor Izaguirre solicitó a la Corte Nacional ―acogiéndose al beneficio del Código de la Democracia― que se suspenda la etapa de juicio hasta que se realice la proclamación de resultados electorales.Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Flor Izaguirre habría perdido la confianza de los capos de la organización criminal porque supuestamente incluyó facturas fantasmas en las declaraciones tributarias de Norero.El candidato fue contactado por Fundamedios para obtener su versión, pero a través de su abogado, Luigi García Cano, indicó que “no le interesa la entrevista”.García Cano, además, es compañero de lista de Izaguirre por el mismo PID, y fue asambleísta alterno del exlegislador Dalo Bucaram, entre 2017 y 2021, por el movimiento Fuerza Ecuador.El candidato presidencial del PID, Araus, a quien Estados Unidos le retiró la visa en 2021, cuestionó la postulación de Flor, pero esta ya estaba inscrita.Desde el 2022, Sergio Peña Veloz (RC-RETO, lista 5-33) está procesado —junto con varias personas— en un caso por supuesta asociación ilícita. Con base en seguimientos, vigilancias y escuchas, la Fiscalía determinó que Peña Veloz supuestamente formaba parte de un grupo que ofrecía altos cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) a cambio de dinero.En principio, las autoridades judiciales consideraron que no había suficientes evidencias para llamarlo a juicio. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión y el recurso le fue concedido en 2023. Por ello, actualmente, existe contra Peña un llamamiento a juicio, del cual aún no se ha fijado fecha.En el repositorio digital de la Función Judicial no hay evidencia de que Peña haya pedido la suspensión de su procesamiento, pero, al estar vigente su inscripción a una elección popular, puede acogerse a la inmunidad temporal que le ofrece el Código de la Democracia. Peña fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.En 2019, la Policía interceptó varias llamadas telefónicas y determinó que Juan Carlos Caicedo Salazar (Centro Democrático, lista 1) habría cobrado dinero a particulares, especialmente a personas de bajos recursos, a cambio de la promesa de conseguirles acceso a viviendas del Miduvi y de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida.Por este caso, de presunta asociación ilícita, los tribunales le impusieron una pena de cinco años de prisión y una multa de doce salarios básicos unificados. Caicedo apeló, pero sus intenciones fueron desechadas.En 2024 planteó un recurso de casación, que tampoco fue aceptado en la Corte Nacional. Luego interpuso una acción extraordinaria de protección, que aún deberá ser resuelta por la Corte Constitucional. Caicedo fue consultado sobre este caso, pero no contestó las preguntas enviadas por este equipo periodístico.Una sentencia por abuso de confianza se dictó en contra del candidato por Centro Democrático Óscar Chuquimarca Chuquimarca , en 2017. Según el expediente judicial, hubo malos manejos de dinero en una construcción en Loja, por lo que Chuquimarca fue condenado a tres años de cárcel, una multa de 16 dólares y el pago de 20.000 dólares al perjudicado.El caso, sin embargo, concluyó con la suspensión condicional de la pena. Eso significaba que, entre otras medidas, Chuquimarca tenía la obligación de permanecer en un domicilio determinado, presentarse periódicamente ante un juez y estaba impedido de salir del país. Esta última medida contenía una excepción, debido a que el implicado estaba cursando una maestría en Lima (Perú).Chuquimarca fue consultado sobre este caso, pero no contestó a las preguntas enviadas por este equipo periodístico.La candidata del movimiento Amigo (lista 16) Gema Álava Álava fue sentenciada a tres años de prisión por estafa, en 2015.Según los documentos del caso, durante su tiempo de reclusión cumplió más de las dos quintas partes de su condena y participó en talleres y actividades de rehabilitación, logrando una conducta óptima.Por ello se le otorgó el beneficio de prelibertad bajo régimen semiabierto en marzo de 2017, y se le aplicaron medidas cautelares, como presentarse semanalmente ante el juez, no consumir sustancias psicotrópicas ni alcohol y no salir de Manabí.El 10 de mayo de 2018 se declaró la extinción de la pena, ya que la cumplió en su totalidad. El caso está cerrado y archivado.Álava fue declarada inocente en otro proceso por presunto abuso de confianza. Este equipo periodístico intentó contactar a la candidata a través de sus coidearios, pero no fue posible. Raúl Chávez Núñez del Arco (RC-RETO, lista 5-33) —exdirectivo de Barcelona, exconcejal y mano derecha del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez— tiene un caso por calumnia en el sistema de la Función Judicial.Este expediente se abrió en 2024 y está pendiente de resolución, aunque a lo largo del año las autoridades han intentado notificar a Chávez sin suerte, pues según el expediente no se le ha podido entregar la citación.La postulación como candidato a la Asamblea Nacional por el PSP le permitió a Álex Bósquez Cáceres pedir la suspensión del juicio que se le sigue por presunta usurpación y simulación de funciones públicas.Bósquez fue procesado debido a que supuestamente suscribió documentos como juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena y Consejos de Gobiernos de los Pueblos y Nacionalidades. La denuncia fue presentada por Francisco Jácome Marín en su calidad de director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. El caso continúa activo.Por otro lado, Bósquez obtuvo un sobreseimiento en otro proceso que se le seguía por este mismo delito, y en otro más por presunta concusión.El candidato fue consultado sobre su participación en estas causas, pero no contestó las preguntas para este reportaje.Yaku Pérez Guartambel (Amigo, lista 16) registra tres investigaciones archivadas, en las que se lo ha indagado por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias, de acuerdo con el archivo de la Función Judicial.Los tres casos estuvieron relacionados con su actividad política. Mientras fue prefecto de Azuay fue acusado por el arrendamiento de un inmueble y la contratación de personal. También fue acusado de atentar contra las instalaciones de la Asamblea en el paro nacional de octubre de 2019, durante las manifestaciones contra la eliminación del subsidio de los combustibles.No obstante, todas las investigaciones fueron archivadas por falta de pruebas.Pérez dijo a esta alianza periodística que “las denuncias fueron archivadas por no tener ningún sustento jurídico. Tampoco hubo ningún daño económico… Antes fui procesado por defender el agua y la naturaleza, lo que para nosotros es una condecoración”.En total, 14 de los 180 candidatos a asambleístas nacionales han registrado investigaciones archivadas en el sistema de la Función Judicial . También hay el caso de un postulante que fue sobreseído, Édison Alexis Cantuña Cañaveral, del partido Unidad Popular (UP, lista 2). (I)

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