Una nueva reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) se analiza en la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

La reforma establece incluir la atribución de los servicios consulares del país de acompañar a los ecuatorianos en el exterior ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, vigilar la garantía del debido proceso y evitar su indefensión, al igual que velar por su derecho a la legítima defensa.

Esto en referencia sobre todo a los ecuatorianos retenidos en su intento de ingresar a Estados Unidos de forma irregular a través de México o a los que ya viven y trabajan en la principal potencia mundial sin tener la documentación que se los permita.

El art. 24 de la LOMH ya determina la competencia de los servicios consulares del país de “velar por el derecho a la legítima defensa de las personas ecuatorianas y su debida representación ante las instancias legales”.

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William Murillo, presidente de la oenegé 1800Migrante, disertó el viernes pasado ante la Comisión de Relaciones Internacionales, vía Zoom, y afirma que las violaciones a los derechos humanos de los ecuatorianos que se aventuran a ingresar a Estados Unidos atravesando México se da justamente en estos países, por lo que pretender legislar sobre situaciones que dependen de otras naciones es contraproducente e improductivo.

Estas funciones son utópicas, afirma Murillo, tomando en cuenta la alta demanda. Un total de 97.074 ecuatorianos fueron detenidos en EE.UU., deportados o expulsados de ese país durante 2021, mientras que en 2020 fueron 12.892.

Solo entre enero y abril de este año, el número de detenidos en EE.UU., deportados y expulsados de ese país de nacionalidad ecuatoriana llega a 6.276, según la información del Departamento de Puertos y Fronteras del país norteamericano.

‘Mis ingresos bajaron durante la pandemia y estaba endeudada, por lo que me fui a Estados Unidos, donde trabajé y cobré el dinero que envié con identificación falsa, ya que tengo visa de turista’

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“¿Por qué Ecuador, a través de la Cancillería, no veló por el debido proceso y el derecho a la defensa, como ya manda la Ley de Movilidad Humana, de más de 97.000 ecuatorianos?”, se pregunta Murillo.

El seguimiento de los casos judiciales de estas personas implicaría la contratación de abogados, agrega, tanto en México como en EE. UU., ya que hay ecuatorianos retenidos en ambos lados de la frontera de estos dos países. “Un abogado en Estados Unidos cobra $ 300 por hora en promedio, por lo que se necesitaría un presupuesto de $ 29 millones anuales para contratar a un total de 50 que trabajen ocho horas diarias”, razón por la que Murillo considera que son medidas difíciles de aplicar en la realidad.

“La Cancillería tiene demasiadas competencias y atribuciones, y no puede cumplir con todas las exigencias que se le presentan. Un caso de asilo en Estados Unidos cuesta desde $ 7.000, y más cuando es un grupo familiar, por lo que ningún abogado de ese país querrá ganar $ 300 la hora dejando a un lado su trabajo privado”, agrega.

Otra consecuencia grave es que se destinaría dinero público para situaciones privadas de los ecuatorianos retenidos. “La propuesta de contratar abogados para defender a los migrantes nacionales retenidos en las cárceles no se puede hacer con dinero público porque son casos privados”.

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“Lo que se necesita es que Ecuador demande a Migración de Estados Unidos para que permita a los compatriotas tener el derecho a la defensa. A los retenidos las Cortes de Migración no les permiten a veces ni hacer una llamada ni contratar a un abogado, no les dan la oportunidad para el debido proceso”, agrega Murillo.

El problema de fondo es la falta de oportunidades en el país lo que repercute en un mayor éxodo de ecuatorianos que salen del país y ya no retornan porque se van a trabajar al extranjero.

Un total de 1′654.188 ecuatorianos viajó al extranjero durante 2021 y 81.758 no regresaron; mientras que en 2020 hubo un saldo migratorio a favor, ya que retornaron más de los que salieron, con un saldo de 1.504 compatriotas.

En 2019 se registró la salida de 1′544.708 ecuatorianos, entraron 1′513.513 y no regresaron 31.195.

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En cada uno de los años del periodo 1997-2021 hay un saldo negativo porque salen al exterior más ecuatorianos de los que regresan al país a excepción de 2009, 2011, 2012, 2013 y 2020, según las cifras históricas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que refleja el éxodo.

Los 81.758 que no regresaron en 2021 es el número más alto desde el 2004 y la cifra casi se ha triplicado entre 2019 y 2021. En el 2003 no se registró el retorno de 127.135 que salieron.

Se destina menos dinero para repatriación de cadáveres de ecuatorianos fallecidos en el exterior respecto al 2018

Uno de los servicios que da el Gobierno central es el de repatriación de cadáveres de ecuatorianos fallecidos en el exterior, que se refiere a la adquisición de cofres, cajas de embalaje, embalsamiento, trámites legales, traslados y fletes aéreos.

Para ese fin se registró una asignación de 258.000 dólares en 2021, un incremento de 213 % con respecto al 2020, según un memorando enviado en marzo pasado a Juan Flores, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional.

El documento fue remitido por la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado.

Los egresos por atender a los migrantes en estado de vulnerabilidad (pago de alimentación, hospedaje, transporte, cobertores, materiales de aseo) bajaron de 46.000 dólares en el 2019 a 16.000 dólares en el 2021.

En ambos casos no se llega a lo asignado en 2018 (499.000 dólares), antes de la pandemia, por esos mismos conceptos.

Esto pese a que la cantidad de ecuatorianos fallecidos en el exterior pasó de 35 a 65 entre 2015 y 2019, lo que refleja un aumento de la demanda de estos servicios, según el informe presentado a los asambleístas.

Sin embargo, el documento establece que “la información proporcionada y recabada no es la suficiente para concluir al respecto de la relación presupuesto vs. demanda de servicios consulares”. Este es uno de los insumos del debate del proyecto de reforma de la Ley de Movilidad Humana.

Murillo afirma que la información reportada por la Cancillería es contradictoria, ya que en 2021 se destinaron menos recursos que en los años anteriores a 2018, pese a que desde el año pasado el país vive el mayor repunte migratorio registrado desde 1998. (I)