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Yinna, Nury y María, las tres viudas que le dan la batalla al IESS

Tres mujeres que perdieron a sus esposos en accidentes laborales llevan 5 y 8 años peleando contra la burocracia, las irregularidades y la indolencia.

Yinna perdió a su esposo en un accidente laboral, en 2014, y aún no recibe montepío. Foto: El Universo

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Yinna dice que no quiere pensar mal. Sin embargo, no halla explicación para que el IESS, después de ocho años, libere de culpa a una empresa a la que le ratificó, en tres informes diferentes, su responsabilidad en la explosión que le causó la muerte a su esposo, Luis Porozo Caicedo, de 32 años, el 11 de junio de 2014.

“El propio Seguro dijo que la empresa era culposa, hizo una glosa, ¿por qué ahora va a venir, a los ocho años, a decir que la empresa no es culposa?”, se pregunta Yinna mientras muestra documentos en los que tres comisiones del IESS concluyen que su esposo falleció “como consecuencia de un accidente de trabajo” y determinan “la existencia de responsabilidad patronal” contra la empresa Fundametz S. A., por no cumplir “las medidas de prevención de riesgos del trabajo”.

En varias carpetas, ella acumula copias de los seis cuerpos, unas 600 páginas, que comprenden el caso de su esposo, un litigio que no solo se ha ventilado en el IESS sino también en las cortes judiciales, hasta donde Yinna llevó a la empresa para que le repare el daño causado a su familia.

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$ 5.960 millones ha pagado desde 2013 el IESS a sus prestadores externos

“Le puse una demanda por daño moral, cinco años luchando, al final la empresa reconoció y nos indemnizó; ahorita el problema es con el Seguro”, reclama Yinna, quien lucha también por su prima Nury. Ambas perdieron a sus esposos en la explosión y después de ocho años aún no reciben la indemnización que les corresponde y el montepío que necesitan para los tres niños que quedaron huérfanos.

El primer informe del IESS, muestra Yinna, se presentó en diciembre del 2016 y provino del Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal, unidad cuyas resoluciones pueden significarle a los patronos el pago de millonarias multas que oscilan entre $ 50 y $ 260.000. Este comité pertenece a la Dirección General del Seguro de Riesgos del Trabajo, presidido por su titular con voto dirimente. Este Diario le solicitó a Patricio Camino Villanuega, director de Riesgos del Trabajo desde 2018, información y una entrevista, pero no las dio hasta el cierre del reportaje.

Yinna cuenta que la empresa Fundametz -que no respondió los mensajes de este Diario- apeló el informe sobre la muerte de su esposo ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias, que en diciembre del 2017 ratificó la decisión original. La compañía volvió a apelar y en junio del 2018 la Comisión Nacional de Apelaciones confirmó las decisiones tomadas por sus anteriores.

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Sin embargo, dos años después, el 11 de diciembre de 2020, Juan Carlos Bermeo Neira, entonces director subrogante del Seguro de Riesgos del Trabajo, anuló todo acogiéndose a un artículo del Código Orgánico Administrativo que señala que todo acto “puede ser anulado por la máxima autoridad en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuación de la persona interesada”. Así lo señaló en un documento enviado a Rafael Calderón Zambrano, entonces presidente de ese Comité de Valuación.

La decisión de Bermeo, actual subdirector de Riesgos del Trabajo, en el caso de Fundametz contrasta con la que defendió el IESS en un proceso contra el Municipio de Guayaquil, un mes después, el 11 de enero de 2021. Ese día, en una audiencia constitucional en la que el Municipio rechazaba la resolución del Comité Nacional de Apelaciones, que le había fijado una multa de $ 259.533 por la muerte de un trabajador, el IESS señaló que “la Comisión Nacional de Quito revisa todo el expediente, informes, declaraciones, revisa también el escrito de impugnación del Municipio de Guayaquil y la Comisión Nacional resuelve en segunda y definitiva instancia”.

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En esa audiencia, el IESS aseguró que el Municipio debía reclamar por la vía de lo Contencioso Administrativo y no mediante una acción constitucional. El juez falló a favor del Municipio que argumentó que señaló que no tuvo el derecho a la defensa ante la Comisión.

Redes de proveedores en los hospitales del IESS se replicaron desde la oficina matriz

Por la actuación del IESS, Yinna no ha presentado quejas ante los juzgados, asegura, porque ya no tiene dinero para pagarle a un abogado.

El año pasado, el caso de mi esposo estuvo en Auditoría en Quito, me ha tocado valerme de tramitadores para que el caso vuelva a Guayaquil. Me han pedido $ 1.000, pero yo no lo he querido dar, como son tantos años, no le he tomado mucho asunto

Yinna, quien lleva ocho meses reclamando al IESS su derecho al montepío.

Yinna agrega que “hubo un tiempo en que no encontrábamos un oficio donde los médicos confirmaban el accidente, en el Seguro ese documento había desaparecido. Mi abogado tuvo que hacer malabares, pagar en el área de archivo para que lo encuentren”.

El caso de Yinna no es el único pendiente en Riesgos del Trabajo, pese a que, según el IESS -que dio información incompleta pedida por este Diario hace 45 días-, el Comité de Valuación no tiene casos pendientes de resolver, solo 869 expedientes del año 2022.

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Desde el 2017, se han resuelto 9.416 casos y pagado al 50 % de beneficiarios (4.687) indemnizaciones que suman $ 36,5 millones, según cifras del IESS en su página web. En total, el IESS ha pagado a 13.388 personas $ 87,2 millones desde el 2011.

La mayoría corresponden a fallecimientos. Desde el 2014 hasta agosto de este año, el IESS registra 2.041 afiliados fallecidos en accidentes laborales, el 19 % (388) en Guayas. En esos nueve años, ha cancelado indemnizaciones por $ 73,3 millones a 10.098 beneficiarios.

“Lo que te puedo adelantar es que (Riesgos del Trabajo) es el único seguro que tiene sus finanzas completamente sanas, que hemos bajado siniestralidad, nos hemos ahorrado unos $ 30 millones y en patrimonio hemos avanzado”, dijo Camino sin dar entrevista oficialmente.

El ahorro de la institución y el aumento en el patrimonio –en inversiones en el Biess- al que este directivo se refiere se debe –explicó en el breve diálogo- a que en los últimos años se han presentado menos accidentes laborales. Sin embargo, las cifras señalan que desde el 2017 solo disminuyeron 5.000 casos en los avisos de accidentes del 2020 -año de la pandemia (18.191), con relación al 2019 (23.189). El año pasado, en cambio, subió a 20.119 y en 2022 hasta agosto van 13.945.

Además de Yinna y Nury, María Erlinda Allaico también quedó viuda por la muerte de su esposo, Jorge Taboada, en un accidente laboral hace cinco años. María también tiene a su favor resoluciones judiciales y del mismo IESS, y a pesar de eso la Dirección de Riesgos del Trabajo no resuelve el pago del montepío que le corresponde.

“El fallecimiento del afiliado Jorge Taboada -un operario de un tractor- fue a consecuencia de (un) accidente de trabajo”, resolvió el Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal en 2019.

El matrimonio detrás de los contratos de la limpieza en el hospital Teodoro Maldonado Carbo

En la resolución se genera el derecho al fondo de montepío a su cónyuge y, además, dictamina que hubo responsabilidad patronal del empleador, una constructora asociada con otra en un consorcio, por “inobservancia de medidas de prevención de riesgos del trabajo”.

El empleador apeló la decisión ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias (de Tungurahua), que ratifican el fallo en enero de 2020 y, luego, nuevamente vuelve a apelar ante la Comisión Nacional, que en 2020 anula lo actuado y dispuso que se investigue de nuevo y se incluya a una empresa pública como ‘solidaria’ del consorcio.

“En este ir y venir de documentos a los deudos del trabajador fallecido se le han pisoteado sus derechos”, señala la defensa de la viuda, en una acción de protección contra el IESS que, en agosto de 2022, dispuso la ejecución de la sentencia –de febrero de 2021- que obliga que se paguen en 120 días los valores adeudados.

Pero el IESS no cumplió ni con la prórroga de 30 días que le dio el juez, pese a que la entidad admitió el derecho de los deudos. En esta causa, el director del IESS en Tungurahua, Washington Lara, señaló que no han cumplido la orden judicial porque “no se halla habilitada la plataforma para liquidaciones de pagos manuales a nivel nacional”, herramienta que funcionará desde noviembre de 2022, detalló el IESS: “Las prestaciones pendientes se liquidarán en dicho mes y año”.

Más reclamos y demandas en los pagos de beneficios de Riesgos del Trabajo se ventilan en redes sociales, sin respuesta.(I)

Redacción
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