‘Hay informes de inteligencia de dónde se refugian estos grupos delictivos, pero en esos barrios viven policías que reciben amenazas’: asesinatos y extorsiones azotan a Esmeraldas

Esmeraldas Como de costumbre, José Mercado llegaba antes de las 08:00 para abrir el almacén de venta de pinturas, de la calle San José Obrero y Cristóbal Colón, centro de la ciudad de Esmeraldas, donde trabaja.La mañana del miércoles 8 de noviembre, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al almacén y uno de los individuos le disparó varias veces. Los propietarios de este almacén recibieron amenazas de extorsión varias veces.Esa sería la causa del asesinato de Mercado y desde la fecha del homicidio el almacén permanece con las puertas cerradas.Una semana después (14 de noviembre), murió baleado Raúl Quintero Ayoví, de 43 años. Él era funcionario de la Prefectura de Esmeraldas, y fue atacado cuando salía de su domicilio en la Cristóbal Colón entre Quito y Calderón, a tres cuadras de donde asesinaron a Mercado.La tarde del domingo 10, sujetos no identificados balearon a Carlos Bravo, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Viche. El homicidio tendría relación con extorsión, cuyas amenazas las recibieron empleados de esta institución, meses atrás.La Policía Subzona 8 Esmeraldas considera también que los asesinatos direccionados (tipo sicariato), tienen relación con disputa de territorio, liderazgo y rivalidad entre grupos delincuenciales.A criterio de Marcelo Mancheno, exanalista en Criminología, ha faltado más acción policial para ubicar a los cabecillas y líderes de estas organizaciones delictivas.En Esmeraldas, operan Los Tiguerones, Lobos, Patones , quienes tienen nexos con grupos armados de Colombia, dedicados al narcotráfico y transporte ilegal de combustibles, precursores químicos, armas y municiones.A cambio de ello, ingresan la droga procesada para venderla en Ecuador o enviarla al exterior.Anteriormente en Esmeraldas había esa rivalidad entre grupos de pandillas, principalmente en barrios de la ribera del río. Pero hoy son violentos y sanguinarios, que no les importa su propia vida o a quienes se las arrebatan para lograr sus objetivos, refiere un sacerdote que omitió su nombre, pero que trabaja con grupos juveniles vulnerables.“Existen los informes de inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas, de dónde se refugian estos grupos delictivos. Pero en estos barrios residen algunos servidores policiales que han recibido amenazas si delatan a los compinches”, señala Rodrigo A., exservidor policial.A esto se suma la vulnerabilidad en el sistema judicial y por presión, dinero o amenazas tienen que liberar a los detenidos, algunos con armas de fuego y en delito flagrante, sostiene Esilda B., abogada en libre ejercicio.También el encubrimiento de las familias o vecinos de estos delincuentes y que en muchos casos han evitado la intervención policial o militar, cuando se los captura, principalmente a adolescentes.El alcalde Vicko Villacís atribuye estos delitos a la situación económica que enfrenta Esmeraldas y exhorta al Gobierno a ser más sensible con esta provincia fronteriza.Un total de 424 homicidios registró la provincia de Esmeraldas desde el 1 de enero hasta el 11 de diciembre de este año. Mientras, hasta esa misma fecha del 2022 hubo 497 casos, es decir, 73 menos, según datos de la Policía Nacional.La ciudad de Esmeraldas ha alcanzado niveles elevados de violencia. Le siguen Quinindé y Atacames.Hasta octubre pasado Esmeraldas registró 317 homicidios y en el 2022, 254; Quinindé tuvo 42, 6 más que el año pasado; y Atacames 32 el doble de lo que tuvo en el mismo periodo del 2022.Entre noviembre y la segunda semana de diciembre ocurrieron ocho asesinos, entre ellos el de Leuder Cangá (23 años), conductor de un patrullero policial, y el del propietario de una bodega de mariscos del puerto pesquero, conocido como Zapatón. En Quinindé se perpetraron cinco crímenes, entre ellos dos conductores de camiones de transporte de combustible y un taxista cooperado. Además, un niño de 5 años y del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Viche.En Atacames hubo siete homicidios, uno de ellos a una persona de seguridad de un abogado, en los exteriores de la Unidad de Judicial de este cantón. En Rioverde, cuatro personas también murieron baleadas, entre ellos un expresidente del Gobierno parroquial de Rocafuerte.La provincia verde cerró con 511 muertes violentas el 2022, con una tasa de 139,07 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mientras, 151 fueron en el 2021 y 80 en el 2020.Hace una semana, las Fuerzas Armadas aprehendieron en la frontera norte a tres individuos considerados blancos de alto valor: (a ) Elbi, (a ) Rennis y (a) Maelo . Elbi Z. G., tenía alianzas con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para producir y enviar cocaína de Colombia a Ecuador y luego exportarla a Centroamérica, Norteamérica y Europa.Es de Tumaco (Nariño) y había sido capturado en otras dos oportunidades, pero en ambos casos quedó en libertad.En un caso, un juez de Quinindé le impuso medidas sustitutivas pese a tener boleta de captura.Otro caso fue de J. B. Ch., detenido por tenencia y porte ilegal de arma de fuego, el 29 de noviembre pasado y su abogado defensor tramitó medida sustitutiva para liberarlo.El fin de semana anterior, la Policía capturó a tres sindicados por el asesinato de Joel S., en Quinindé. El informe policial detalla que los aprehendidos tienen antecedentes judiciales.Ellos son Jonathan A. (37 años), por asesinato, en el 2009; tenencia de armas no autorizadas en el 2013 y 2022, y robo calificado en el 2013, cuatro delitos de robo en el 2021 y este año.Hasta octubre anterior, 66 ciudadanos fueron aprehendidos por el delito de homicidios intencionales, 355 por tenencia y porte de armas de fuego y 53 por extorsión, reveló César Vásquez, comandante policial.La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas aprehendió a 532 personas, entre ellas integrantes de grupos delincuenciales, 412 armas de juego, 228 alimentadoras, 16.193 municiones. Además, 59 armas traumáticas, 49 alimentadoras y 410 municiones. Unas 10 granadas, 770 explosivos y 535 armas blancas, en operaciones ejecutadas entre junio del 2022 y el 30 de noviembre de este año. (I)

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