Durante la mañana de este viernes, 30 de enero, las puertas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la avenida Mariscal Sucre, estaban cerradas a causa de un operativo comandado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
El caso Jaque destapó una red de corrupción que involucró a Pedro Abril, director de la ANT, y a nueve funcionarios. Se investiga la emisión irregular de licencias y la asignación de frecuencias.
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La gente llegaba hasta este establecimiento para intentar culminar los procesos respectivos, pero se encontraban con que no había atención.
“Somos de la ciudad de Latacunga y veníamos a hacer un levantamiento de un gravamen y, lastimosamente, nos encontramos con las puertas cerradas. Ya llevamos intentando hacer este trámite por tres semanas, pero siempre nos ponen algún pretexto", manifestó Abigaíl Santander, ciudadana oriunda de Latacunga.
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Dos funcionarios policiales salieron y una persona más se acercó a las rejas para indicar a un grupo de aproximadamente ocho personas que en los siguientes días emitirán un comunicado para reagendar las citas que estaban pendientes.
El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, y otros agentes continuaban inspeccionando el edificio de la entidad para recabar indicios al respecto.
“Trabajo en un medio de transporte y vine con un cliente desde el centro, en el playón de la Marín. Él venía a hacer un trámite de licencias y, al momento de llegar, ambos nos encontramos con esta novedad", dijo Roberto Lugue, conductor de un taxi.
Para Roberto, la situación que atraviesa la institución y el país es preocupante, debido a que un sinnúmero de personas necesitan la licencia.
Él aún tiene vigencia en su documento, pero no está exento de que algo pueda suceder, dijo el ciudadano.
La agencia de la Mariscal Sucre, así como la ubicada en la Plataforma Gubernamental estarán cerradas por 30 días hasta que se completen las investigaciones de este nuevo caso de corrupción, en el que estarían involucrados Los Choneros, según el ministro del Interior, John Reimberg.
“Vine a desbloquear un carro que está en esta condición por más de un año, pero desde hace un año no me atienden. Nunca hay sistema. Yo vengo desde el sur de Quito y me hacen perder mucho tiempo", fue el clamor de Francisco Chango.
El hombre aseguró que esto significa una pérdida gigante en lo laboral, ya que el vehículo afectado es su medio para trabajar día a día.
En total se realizaron 23 allanamientos en oficinas y domicilios de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo, en los que fueron detenidas 9 personas y se decomisaron 38 celulares, 8 laptops, 165 indicios documentales, 55 dispositivos electrónicos, 53.510 dólares en efectivo, 1 arma de fuego, 2 alimentadores y 29 cartuchos. (I)