Urge depuración, recuperar el control y la rehabilitación en prisiones de Ecuador, dicen activistas de DD. HH. tras informe de la CIDH sobre crisis penitenciaria

Es un informe amplio y a su vez detallado, dicen, que recoge con precisión los temas y denuncias que los organismos de derechos humanos nacionales venían exponiendo y reclamando, en especial, al Gobierno ecuatoriano en los últimos años por la crisis carcelaria que tiene el país. Así califican representantes y defensores de los derechos humanos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación penitenciaria en Ecuador, que fue publicado el jueves 17, en Washington , Estados Unidos, luego de la visita de una delegación de este organismo al país, del 1 al 3 de diciembre de 2021.En aquel informe (de más de 102 páginas), titulado Situación de las personas privadas de libertad en Ecuador , se expone el colapso que tiene actualmente el sistema penitenciario ecuatoriano, marcado por la corrupción, por los altos niveles de violencia dentro de las cárceles, por las falencias, por el abandono estatal, por la ausencia de una política criminal integral y demás, se dice.También se habla de los desafíos que tiene “el Estado frente a esta grave crisis penitenciaria estructural” y del inminente riesgo contra la vida e integridad que tienen los internos; se dan recomendaciones al Estado, entre otros detalles.Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo (s) y actual presidenta de la organización Alianza Radar Social, cuenta que las denuncias que se hicieron con antelación, “lamentablemente, no se tomaron en cuenta en su momento”.En los meses del 2021 en los que estuvo al mando de la Defensoría del Pueblo, dice, hicieron varios llamados, sin éxito, a la Presidencia de la República para que se “tomaran cartas en el asunto sobre lo que estaba pasando” en el sistema penitenciario. Coincide, al igual que otros entrevistados por este Diario, que fueron muchas las voces ciudadanas que alertaron y denunciaron los hechos.“El tema carcelario no es un tema coyuntural, no es que un día se levantaron los presos y dijeron: ‘Nos vamos a dar golpe, los vamos a masacrar y los vamos a matar’… Es un tema estructural. Hace muchos años que el Estado perdió el control de las cárceles. No es que solo es de este Gobierno, es de mucho tiempo atrás”, expone.Para ella, al igual que para otros defensores de DD. HH. consultados al respecto, el gran problema es la falta de políticas públicas con enfoque de derechos. Mientras aquello no ocurra, no habrá cambios estructurales, sostiene. “Las cárceles en nuestro país se han convertido en centros de ejecución y no de rehabilitación, lamentablemente es así”, refiere.Y concuerda con el informe en que en Ecuador hay un abuso extremo de la prisión preventiva que ha llevado a la sobrepoblación y hacinamiento carcelario.Francisco Zambrano Campuzano, presidente del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), concuerda en que no hay una política de rehabilitación en el país.“A una persona que cae detenida por un problema de alimentos se la mete en un pabellón donde hay personas detenidas por otras violaciones a la ley muy graves. A los privados de libertad, por un lado, se los debe clasificar según el delito que hayan cometido. Y por otro lado, tenemos el problema de la corrupción dentro de las cárceles, que es un problema que se acarrea desde hace muchos años y esto no se termina”, expone.De esto último dice que es evidente solo con la cantidad de directores o jefes departamentales de las diferentes prisiones de Ecuador que son cambiados a cada rato y de un momento a otro. “Incluso ha habido directores de estos centros de rehabilitación que ni siquiera han durado 24 horas. Ha habido directores que han tenido que abandonar el cargo porque fueron sorprendidos libando con los presos”, recuerda Zambrano.Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), entidad que en diciembre entregó de forma documentada y directa a la delegación de la CIDH sus documentos sobre la situación en las cárceles, menciona que este informe emitido por la CIDH es un valioso instrumento para no olvidar lo sucedido en 2021, 2020 y en años anteriores en las prisiones, una de estas la Penitenciaría del Litoral, y poder establecer responsabilidades como en el caso de las masacres.Esto, porque los fallecidos estaban bajo la custodia del Estado. Y aquello debe investigarse, afirma.“El esclarecimiento de los hechos tiene que ser indudable, no cabe ningún tipo de mejora, peor pensar en la pacificación si no se incluye el esclarecimiento de lo ocurrido, no solamente el año pasado, sino el largo historial de abandono, de responsabilidad del Estado ecuatoriano y los Gobiernos, en particular, con relación a las personas privadas de libertad”, detalla Navarrete.“En 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado (ecuatoriano), y cientos resultaron heridas en una serie de ataques ejecutados por las mismas personas detenidas. Cifra que representa un incremento de 587 % respecto al 2020, cuando se registraron 46 muertes . La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores, y algunos, incluso, contaban con la boleta de excarcelación”, se describe en la presentación del informe de la CIDH, de este 17 de marzo.Otro punto importante que deja claro el informe de la CIDH, agrega Navarrete, es el acceso a las armas y a sustancias prohibidas a las que tienen los internos con relativa facilidad.“No cabe ya ahora seguir señalando a las familias como las responsables del tráfico de sustancias ilícitas y armas. Es la Fuerza Pública la que tiene que dar cuenta de eso, la cantidad enorme de armas con las cuales estos grupos se enfrentan en el interior. Y creo que ahí (el informe) pone con bastante claridad la necesidad de la depuración de la Fuerza Pública, a cargo de controlar las cárceles y devolver la seguridad a los privados de libertad”, asegura el director ejecutivo del CDH.Francisco Zambrano Campuzano, del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), dice que el Gobierno nacional debe comenzar por pedir inmediatamente la renuncia de todos los directivos y funcionarios de alto cargo que manejan el sistema de rehabilitación social en el país. En aquellos puestos, agrega, deben estar personas que tengan visión y enfoque humanista en sus propuestas, que sean responsables, que realmente vayan a trabajar y que conozcan o tengan experiencia en visitas y trabajos previos en las prisiones.Manifiesta que se debe trabajar en la política de rehabilitación, de inclusión, no en aislar a las personas. Es vital, agrega, “mantener ocupados” a los privados de libertad, darles trabajo dentro de las prisiones. Y pone de ejemplo el tema de la alimentación, donde la empresa que gane o dé el servicio contrate a los internos para cocinar, que existan veedores de la calidad del servicio y de que todo se desarrolle con normalidad y seguridad, entre otros detalles.Dice que actualmente se mantienen las quejas de los internos de que la comida es pésima. Esto sin contar con la fiscalización que se debería hacer a la contratista que lleva varios años dando el servicio, ya que en su momento fueron cuestionados los contratados.Recuerda que hace unos 20 años lograron que las bandas delictivas de entonces, que eran los cubanos y los rusos, como les llamaban, se sentarán a dialogar e hicieran la paz para que no se desborde la violencia. En aquellos tiempos, rememora, no existían los sicariatos, las masacres, la crueldad y la violencia actual.Las pautas de qué hacer ya están dadas en el informe de la CIDH , expone Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Lo que necesita ahora “es la voluntad política del Gobierno, en particular, de aplicarlas”, indica.Cuenta que si bien hay un plan para devolver el significado de centros de rehabilitación a las cárceles del Ecuador, aquello sigue al día de hoy en letra, en el papel, ya que todavía no se ha hecho nada.“Ausencia total y sigue estando esto en promesa, en el papel. Las familias siguen llegando a los organismos de derechos humanos a reclamar por la salud de sus parientes que están padeciendo sin acceso a servicios médicos; siguen acercándose por ser víctimas de extorsión; porque no tienen información sobre la situación de sus parientes en prisión, especialmente aquí en Guayaquil, en la Penitenciaría del Litoral. Montón de gente anda urgida por información sobre las condiciones de vida de sus parientes en prisión, porque principalmente se encuentran con graves problemas de salud y de seguridad en esto”, expone Navarrete.En el informe, destaca este activista, hay un elemento importante que lo llaman ‘autogobierno’ en las prisiones. Y que hace referencia a que el Gobierno ecuatoriano ya no controla las cárceles y perdió aquella potestad, convirtiéndose esto es uno de los principales problemas de la crisis penitenciaria.“Este ‘autogobierno’ está básicamente restringido a la gestión de las organizaciones criminales que tienen en condición de secuestro al resto de la población carcelaria. Y... esto vinculado a su relación que tienen los organismos criminales con (miembros de) instituciones de las Fuerzas Públicas (o del orden)”, explica.Urge que el Estado recupere el control de las prisiones, ya que desde las cárceles se están dando órdenes para que se actúe afuera, como los casos de sicariatos y otros hechos delictivos y violentos que se han visto en los últimos meses, expone Zaida Rovira, de la Alianza Radar Social y activista de DD. HH. De no hacerlo, la situación empeoraría, dice.Rovira recuerda que Ecuador es parte del sistema internacional de protección de derechos humanos y que es suscriptor “de una gran cantidad de instrumentos internacionales, y como parte de este engranaje internacional está obligado a cumplir con los deberes que tiene el Estado, que son garantizar, promover y proteger los derechos humanos”, señala.Agrega que cuando organismos internacionales nos visitan y hacen revisiones, como el caso de la situación penitenciaria, el Estado tiene la obligación de revisar y de acatar estas recomendaciones.

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