Al menos once obras y servicios no serían prioritarios en Quito tras la publicación en el Registro Oficial de la Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Detalles de la reforma
Los cambios apuntaron al título relacionado con las “transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial”. Para ello, el artículo 192 establece que los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes del Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, para los municipios y las prefecturas la asignación de estos porcentajes se aplicará “siempre que se cumpla con la regla de asignación mínima”.
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Esto implica que, al menos, el 70 % del presupuesto anual de egresos no financieros debe destinarse a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios públicos. El restante 30 % servirá para gasto corriente.
Para completar esa asignación, el Gobierno incorporó el cumplimiento de la “regla mínima”, cuyo objetivo es extinguir los “gastos discrecionales, como eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento, que no promueven la dinamización de la economía”.
Obras y servicios afectados en la capital
En una exposición -este martes- en el Concejo Metropolitano, la Administración General del Municipio sostuvo que esas obras, así como servicios, serían el parque Bicentenario, la solución vial Rumihúrco, Quitopía La Y, construcción de 3 Quito Wawas en Atucucho, Pisulí y Solanda, becas, fondos rurales, entre otras.
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El presupuesto de administración central del Municipio de Quito asciende a $ 1.042 millones: $ 430 millones para gasto corriente y $ 612 millones para inversión.
Según diapositivas presentadas, $ 406 millones serían considerados inversión no prioritaria, como un impacto de la reforma en el Municipio capitalino.
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La postura del alcalde Pabel Muñoz
Para el alcalde Pabel Muñoz, ocho de cada diez empleados municipales tienen responsabilidades esenciales y competencias exclusivas del Gobierno central. Se refirió a que, por ejemplo, se necesita más personal en la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por una serie de ordenanzas emitidas.
Agregó que en Quito, por excepcionalidad, existe un subsistema de educación con 20 unidades educativas y 1.400 profesores.
Muñoz añadió que lo que habría que ajustar en el presupuesto, por lo que llamó “esta ciega e inadecuada reforma”, son $ 459 millones y habría que retirar fondos a cultura, educación, inclusión, salud y otras áreas para llegar a esa meta.
“Ahora la ley, por sobre la autonomía de los municipios, define lo que es prioritario y lo que no es”, cuestionó.
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Reacciones en el Concejo Metropolitano
El concejal Adrián Ibarra mocionó solicitar a la Procuraduría Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito que, en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, interponga las acciones pertinentes ante la Corte Constitucional (CC), incluyendo medidas cautelares. Hubo quince votos a favor, uno en contra y una abstención.
En tanto, el concejal Michael Aulestia cuestionó la gestión municipal, por lo que hubo ligeros incidentes en la sesión del Concejo Metropolitano. El edil expresó que le llamaba la atención que ahora se quiera impulsar desde el Concejo Metropolitano una acción legal, cuando se ha dejado de destinar $ 180 millones en 2025 en inversión o se han comprado trolebuses con perjuicio de $ 2,5 millones.
La deuda del Gobierno con el cabildo quiteño asciende a $ 59,9 millones y han cobrado en bonos $ 291 millones, precisó Muñoz, quien anunció que se plantearán una acción de protección y una demanda de inconstitucionalidad. (I)
