La polémica sobre la obra teatral, con temática Drag, desarrollada en la capilla del Museo de la Ciudad denominada Aristócratas, continúa.
Durante una rueda de prensa en el Centro de Arte Contemporáneo, el alcalde Pabel Muñoz sostuvo que se ha caracterizado por mantener una administración laica y que censurar tampoco es el camino.
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“Yo soy el modelo de una administración laica, absolutamente respetuoso de la procuraduría que hagan las unidades de Cultura del Municipio de Quito, porque si no esto me pondría a mí en el hecho de conocer, que ya es imposible, y de censurar, que es peor”, inició Muñoz.
Un plantón en contra de la realización de esta obra se realizó el pasado miércoles, 3 de diciembre, en los exteriores del Municipio de Quito, donde varios colectivos religiosos entregaron un oficio a la concejala Cristina López, pidiendo que se le entregue al alcalde para que pida disculpas públicas y garantice que estos espacios no serán usados nunca más para estos eventos.
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“Nosotros tenemos claro que la cultura y la libertad de expresión son fundamentales y no podrían ser atacadas por prácticas de censura”, siguió Muñoz.
A base de esto, y dejando claro que no es responsable de autorizar o no autorizar este tipo de actividades, Muñoz dijo: “No siendo yo el responsable, no tengo ningún empacho de pedir disculpas para los sectores que pudieron verse afectados en su sensibilidad con respecto a la obra”, apuntó el burgomaestre.
Muñoz recalcó que el tema se tenía programada a tratarse en la sesión del Concejo Metropolitano con la comparecencia del secretario de Cultura, Jorge Cisneros.
En la rueda de prensa, él fue enfático en manifestar que pondrán énfasis en que la capilla fue desacralizada hace muchos años.
“Es un espacio que, en otras partes del mundo, después de que cumple su función, es utilizado para generar bibliotecas, museos y parques como centros de esparcimiento y de incentivo al arte”, aseguró Cisneros.
Finalmente, el secretario de Cultura mencionó que el tema es mucho más técnico que sentimentalista y que no han querido generar polémica en torno al levantamiento de la obra.
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“Si las personas que necesitan un espacio público cumplen con los requisitos, nuestra obligación es garantizar el derecho al acceso del uso de ese espacio. Por eso vamos a reforzar que la iglesia está desacralizada desde 1998”, concluyó el funcionario. (I)
