El pasado 20 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización (Cootad) que obliga a un cambio en los porcentajes de los presupuestos municipales.
Es decir, esta norma dispone que los municipios y Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) utilicen el 70 % de sus importes para obras de mejora, remodelación o actualización en los bienes de la ciudad y el 30 % para gastos corrientes.
Frente a esta reforma, algunos cabildos, como el de Quito, analizan ajustes en la plantilla de colaboradores y también en proyectos, sobre todo en programas sociales, culturales y educativos que manejan las diferentes entidades adscritas a la administración local.
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“Nos obliga a realizar ajustes de $ 460 millones, esto porque el presupuesto total del Municipio es de $ 1.042 millones y la ley deja de contemplar casi $ 100 millones que se destinan al pago del capital de proyectos de inversión, así como sus intereses. Para completar el resto del impacto, la regla genera que $ 410 millones se pierdan por no ser prioritarios”, sostuvo Diego Martínez, asesor del alcalde de la capital.
El asesor mostró su preocupación por la reducción de personal que se aplicaría como consecuencia de la reforma al Cootad.
Añadió que como representantes de la capital están expectantes de las demandas interpuestas y las que impondrán ante la Corte Constitucional para que se revise dicha disposición.
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“Quito dejaría de recibir $ 77 millones del Gobierno nacional y para ajustar el presupuesto debemos afectar programas que están en curso y, de forma ineludible, la reducción del personal municipal”, agregó el funcionario.
La reforma al Cootad, según el asesor, repercutiría a la planta central del Municipio. Instituciones como la empresa de obras públicas, fundación museos de la ciudad, fundación Teatro Sucre, Emaseo, Emgirs, etc., serían las entidades donde habría despidos por este recorte presupuestario anual.
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“El problema, en el caso de Quito, es que las empresas municipales funcionan en una buena medida con recursos que les transfiere la planta central del Municipio. Es el caso de la empresa de obras públicas, porque ellos no recaudan de la población como lo hace la empresa de agua potable, por ejemplo”, mencionó Martínez.
Si bien la ley exhorta a los gobiernos locales a que el 70 % de ese presupuesto sea utilizado en obras públicas, el hecho de que se lo trabaje como una transferencia desde la planta central se convierte en un gasto no prioritario, según el asesor de la Alcaldía.
“Desde la planta central del Municipio se financia a 10.500 funcionarios, al cierre de enero de 2026, 10.445. De ese número, el 73 % corresponde a funcionarios que realizan actividades como agentes de control, de tránsito, docentes, profesionales de las unidades de salud, obreros del Código del Trabajo. Adicionalmente, especialistas de Patronato, unidades zonales y la Unidad de Bienestar Animal suman aproximadamente 500 más”, apuntó.
En días pasados, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, mencionó en varios medios de comunicación sobre la burocracia que existe en el cabildo. “Lo que hacíamos con 5.500 personas, hoy lo hacen 24.000 y no lo hacen mejor. Esto se originó en la lógica del socialismo del siglo XXI”, manifestó anteriormente Moncayo.
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A la par, Martínez afirmó de posibles repercusiones en el funcionamiento de varios servicios de la ciudad, entre ellos la movilidad, con una posible alza en el pasaje.
“El Municipio tendría que tomar medidas sumamente drásticas, no solamente que pondrían en riesgo al personal municipal. Hemos dado una estimación, dependiendo de cómo se llegue a dar el ajuste, podrían ser hasta 5.000 funcionarios municipales", dijo y agregó que la cifra ascendería si se toma en cuenta la posible desvinculación de prestadores de servicios. (I)
