La compra de los 60 trolebuses eléctricos que se ejecutó entre abril y mayo de 2025 ha generado más de un problema para el Municipio de Quito y su alcalde, Pabel Muñoz.
El proceso de compra se encuentra en un análisis constante debido al examen realizado por la Contraloría General del Estado.
Según la entidad, la responsabilidad recae sobre los hombros de Muñoz, quien no cumplió con las reglas de contratación pública y generó perjuicios económicos a la ciudad.
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Un estudio arrojó que durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025 existen inconsistencias en dicha negociación.
Los hallazgos se dan en torno a la colaboración de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el memorando de acuerdo suscrito y las enmiendas posteriores.
Según el Municipio, la flota de 60 trolebuses eléctricos tuvo un costo total de $ 35,3 millones y cada unidad tuvo un costo promedio de $ 539.000 a $ 581.364.
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Esto, más allá de los $ 2,5 millones en glosas impuestas por la Contraloría y las responsabilidades administrativas que ascienden a los $ 79.970, llevó al concejal Wilson Merino a realizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Pabel Muñoz por un presunto caso de peculado.
“Cuando los recursos de quiteños y quiteñas se invierten de manera transparente avanzan. Ya por este caso hemos recibido amenazas de muerte e intimidación y creemos que se incrementarán”, dijo Wilson Merino en los exteriores de la Fiscalía, en el norte de Quito.
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Esta acción, según Merino, también recae sobre el secretario de Movilidad, Álex Pérez; el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), Xavier Vásquez; y otros funcionarios que intervinieron en el proceso.
En el informe presentado por el funcionario se advirtió que los trolebuses no cumplen con varias especificaciones técnicas en seguridad y diseño operativo, por lo que podrían representar un riesgo para los usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte público.
Asimismo, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proceso de fiscalización sobre la compra de esta flota con el objetivo de establecer posibles implicados en esta negociación.
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La Fiscalía deberá, en los siguientes días, calificar la denuncia, asignar un fiscal y abrir las diligencias por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)
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