Durante un recorrido por la Plaza Grande, la mañana de este lunes, 5 de enero, se pudo percibir a cientos de quiteños y turistas que paseaban por la zona y regresaban a ver detenidamente los negocios ubicados bajo la Catedral.
La noticia de la repentina salida de los locales, luego de más de 80 años al servicio del turismo en la capital, impactó a propios y extraños.
El pasado 18 de diciembre, cinco de los seis propietarios dijeron a este diario que había una presunta arbitrariedad por parte de la administración de la iglesia al intentar dejarlos sin los espacios debido a una terminación de contrato.
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Sin embargo, el Cabildo Primado emitió un comunicado en el que refutó la postura de los comerciantes, aseguró que todo el proceso se encaminó bajo el orden legal y afirmó que en ningún momento fue abusivo ni arbitrario al tomar dicha decisión.
Temor e incertidumbre entre los comerciantes
La finalización del contrato de arriendo, supuestamente, se concretaba el pasado 31 de diciembre.
No obstante, los dueños afirmaron que durante todo el feriado trabajaron con normalidad y que este lunes regresaron con temor, aunque señalaron que la zona se mantenía en calma.
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“Estamos aquí con un poco de temor. Me acerqué a abrir, pero veo que todo está normal”, mencionó Aidé Real, propietaria del local Las Delicias de la Plaza Grande.
Actualmente, lo único que les habrían explicado desde la administración de la Catedral metropolitana es que, tras una reunión y varios análisis sobre el presente y el futuro de los locales, las autoridades definirán qué sucederá.
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Aidé señaló que seguirán trabajando hasta las últimas consecuencias y esperan no ser desalojados, como estaba previsto.
“Me he asesorado legalmente y me han dicho que la figura de sacarnos por la fuerza es imposible que se desarrolle. Ante ello, si no existe respuesta alguna por parte de los implicados, vamos a seguir un juicio”, sostuvo Real.
Diálogo, fe y resistencia bajo la Catedral
El mensaje fue claro. Entre las personas afectadas, según Real, se analiza la posibilidad de contratar a un abogado que los represente para intentar llevar el caso al ámbito judicial.
“Es una idea que estamos pensando hacerla: contratar un abogado que nos represente a todos, pero necesitamos que la Iglesia nos dé su postura, porque estamos abiertos al diálogo. No nos aferramos a locales que no son nuestros legalmente, pero sí de corazón y tradición”, continuó la mujer.
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El sol era tenue en Quito. Se podía observar a los emprendedores, quienes por años levantaron sus pequeños locales recubiertos de piedra, famosos por los sánduches de pernil y el seco de chivo, conversar entre ellos con rostros largos y gestos de preocupación.
Fernando Escobar, propietario de Dulcería Colonial, comentó que un vocero de la Catedral les prometió una reunión en los próximos días en la que se conocerá la resolución final.
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“En el peor de los casos, sea cual sea la decisión, sería bueno que nos den una indemnización de al menos dos años para poder revertir las inversiones que hemos hecho en los locales”, afirmó.
Escobar mantiene su negocio desde hace más de 40 años en la Plaza Grande. Pese a la incertidumbre, él y su esposa se mostraron optimistas, afirmando que Dios será quien determine su continuidad.
“Uno tiene que ser optimista. Lo dejamos en manos de Dios, él es dueño de todo y nosotros somos meros administradores. Si lo hemos hecho bien, no nos habrían aguantado más de 40 años para sacarnos así”, explicó.
También fue sincero al señalar que el miedo los invadió en algún momento, pues pensaron encontrar los locales sellados, aunque sabían que ese procedimiento no sería legal ni humano.
Mientras tanto, turistas extranjeros se sentaban en las mesas, pedían diversas opciones culinarias y observaban a las palomas y los adultos mayores que se congregan a un costado del Palacio de Carondelet y del Municipio de Quito.
Este medio también acudió al predio donde funciona la administración de la Catedral metropolitana, pero la encargada de recepción indicó que no había espacio para declaraciones y que únicamente se emitirá un comunicado oficial con la resolución pertinente.
Hasta el momento, dicho documento no ha sido publicado y los seis arrendatarios reiteraron su decisión de no abandonar el sitio hasta que exista una determinación formal. (I)
