Luego de tres muertes violentas en los primeros seis días de 2026, el pleno del Concejo Metropolitano de Quito debatió, el lunes 12 de enero, los datos, eventos y posibles soluciones para mitigar estos hechos delictivos que generan zozobra entre los habitantes de la ciudad.

Una de las principales propuestas es la creación de un Centro de Mando Estratégico, que se articularía con las instituciones de seguridad del Municipio para contar con mejor respaldo y atención a las emergencias, a cualquier hora del día.

En un inicio, seis representantes barriales expusieron su postura frente al incremento de la violencia. Las parroquias y barrios de Píntag, Villaflora, Centro Histórico, Toctiuco, Cotocollao y Kennedy tuvieron voceros que solicitaron, entre otros puntos, mayor presencia policial, respuesta inmediata a las emergencias, operativos a motorizados dedicados al reparto a domicilio y mayor atención por parte de las autoridades municipales y del Gobierno Nacional.

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Reclamos ciudadanos y críticas a la gestión estatal

Cristhian Quishpe, representante del cabildo de Toctiuco y el Centro Histórico, criticó las políticas sociales, el consumo de drogas en colegios y la falta de patrullajes, problemáticas que afectan a 12 barrios y a cerca de 30.000 habitantes.

Los policías no tienen vehículos, motos ni infraestructura; incluso nos piden ayuda a los dirigentes para reparar patrulleros”, señaló Quishpe, al cuestionar que el Gobierno Nacional no esté abasteciendo adecuadamente a la Policía Nacional y que los resguardos sociales para prevenir el consumo de estupefacientes en jóvenes sean escasos.

También intervino Paola Burbano, representante del sector de la República del Salvador, donde un guardia de seguridad fue asesinado por dos sujetos disfrazados de repartidores al intentar asaltar una cafetería en el hipercentro de Quito.

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“El Municipio tiene el deber de ordenar el uso del espacio público y el tránsito. Las agencias metropolitanas son responsables de generar filtros de seguridad para contribuir en la prevención de estos delitos”, señaló la ciudadana, quien además se quejó por la alta presencia de libadores en la zona.

Cifras oficiales y propuesta del CQ5

Ante estos reclamos, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, subió al estrado para presentar los resultados de un 2025 que cerró con 260 homicidios intencionales y 98 muertes violentas, pese a la ejecución de 1.834 operativos en territorio, que permitieron retirar y sancionar a más de 582 comerciantes informales y detener a más de 20 personas con juicios activos.

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“Hemos realizado operativos en motocicletas bajo el proyecto ‘Dos en moto’. Se retiraron 4.453 motos en 694 redadas, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, durante 2025”, indicó la funcionaria.

No obstante, cifras de la Policía Nacional registran 176 muertes intencionales relacionadas con asaltos cometidos por sujetos en motocicleta o robos en locales comerciales que intentaron ser frustrados.

Frente a este panorama, el Municipio de Quito anunció la construcción de un Centro de Comando Estratégico, denominado CQ5, para gestionar la ciudad de forma tecnológica y mejorar el tiempo de respuesta ante hechos delictivos.

“Varias ciudades cuentan con los llamados C5, que son comandos de gestión inteligente, enfocados en control, convivencia ciudadana y gestión de riesgos. Debemos evolucionar el COE Metropolitano, que estaba centrado únicamente en la atención básica de emergencias”, manifestó Andrade.

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Debate político y propuestas complementarias

Durante el debate, varios concejales del Distrito Metropolitano se mostraron críticos y evidenciaron un divorcio político entre el Gobierno Nacional y el Municipio, lo que, según la mayoría de funcionarios públicos, ha incidido en el incremento de la delincuencia.

La concejala Analía Ledesma propuso la creación de un sistema de catastro para conductores de motocicletas y repartidores de comida a domicilio, aprovechando la aprobación de la tercera placa en la capital.

“Propongo el catastro de las personas. Si ya vamos a tener un dispositivo electrónico de identificación vehicular, podremos realizar un padrón de los ciudadanos, a cargo de la entidad competente”, señaló Ledesma.

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Por su parte, el concejal Wilson Merino sostuvo que los debates deberían realizarse en territorio, escuchando directamente a la ciudadanía. “Las láminas son muy lindas, pero la realidad es distinta. La gente tiene miedo y malestar.

A los vecinos no les interesa quién es el culpable. Debemos apuntalar un Municipio eficiente; pagamos una tasa de seguridad, y si todo es responsabilidad del Gobierno Nacional, entonces dejemos de pagarla”, concluyó. (I)