Cada año, el aeropuerto de Guayaquil recibe algo más de cuatro millones de pasajeros. Esa ha sido la tendencia en los últimos dos años y posiblemente se repita en 2025.
La terminal aérea, ubicada en la avenida de las Américas, en el centro-norte de Guayaquil, aún tiene capacidad para seguir recibiendo más pasajeros, pero el problema es su terreno limitado para crecer y recibir más aviones en su plataforma.
Por eso se proyectaba que para la próxima década Guayaquil tenga un nuevo aeropuerto en una zona más amplia y fuera del área urbana, como ocurre en las grandes ciudades.
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El actual aeropuerto es operado por la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa), empresa que ganó la concesión. Esta mantiene suscrito con la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) —fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil— un contrato desde el 27 de febrero de 2004.
Tagsa es una filial de Corporación América Airports, relacionada directamente con las empresas que operan 53 aeropuertos en el mundo, incluido gran parte del sistema aeroportuario de Argentina, Brasil, Perú, Italia, Armenia y Uruguay.
Asimismo, tiene como accionistas a Barnsley ITG, Sociedad Limitada (firma española), Dellair Services S. A. y Montangello-Venture S. A. S., registradas en Ecuador.
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A lo largo de estas más de dos décadas de operación, el contrato de Tagsa ha tenido varias adendas. La última fija la concesión hasta el 27 de julio de 2031, es decir, terminaría en los próximos seis años.
Se supone que hasta entonces el Municipio, a través de la AAG, impulsaría las obras para desarrollar el nuevo aeropuerto en Daular, en el oeste de la ciudad.
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El gobierno de Daniel Noboa, sin embargo, en septiembre volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión: construir un aeropuerto en la zona de Taura, que ya no pertenece a la jurisdicción de Guayaquil.
Cinco claves de la pelea por los fondos del nuevo aeropuerto de Guayaquil
La administración de Aquiles Alvarez ha puesto reparos a esa idea y ha alertado de que el Gobierno quiere liquidar la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y apropiarse de los fondos previstos para las obras del nuevo aeropuerto.
En ese fondo hay más de $ 345,6 millones, además de otros $ 10 millones en las cuentas de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG). Esa cifra proviene del canon de concesión que ha cancelado el operador de la terminal actual.
Para que el Gobierno asuma el tema aeroportuario y deje sin piso a la AAG, debería dejar sin efecto las competencias que en el 2000 el entonces presidente Gustavo Noboa entregó al Municipio porteño para la gestión aeroportuaria.
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Alvarez ha indicado que empezará acciones para evitar que el Gobierno se apropie de los recursos y retome el control del tema aeroportuario, en el que Guayaquil ha logrado avances.
Tagsa ha sido cauta en medio de esta pugna que en estos días ha crecido entre el Gobierno y el Municipio.
Ángel Córdova, gerente de Tagsa, fue consultado este lunes, 1 de diciembre, por este Diario sobre la situación que alertó el Municipio de Guayaquil.
“Tagsa es la empresa que opera y administra el aeropuerto de Guayaquil. Nosotros estamos dedicados a realizar nuestro trabajo. Aparte de los temas que traten las autoridades, no tenemos injerencia. Nos dedicamos a hacer nuestro trabajo”, indicó.
Córdova recordó que tienen contrato hasta 2031 para operar el aeropuerto actual. El nuevo aeropuerto, dijo, es un asunto que concierne exclusivamente a las autoridades. (I)
