A través del Decreto Ejecutivo n.º 257, el presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó por 30 días más el estado de excepción que había declarado el pasado 18 de octubre.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia anunció que el estado de excepción regirá en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.

El pasado 18 de octubre, Lasso decretó el estado de excepción por 60 días para contrarrestar la ola delincuencial que vive el país. No obstante, la Corte Constitucional realizó observaciones al Decreto Ejecutivo n.º 224, reduciendo el tiempo de esta medida a 30 días, que se cumplen a las 23:59 de este jueves 18.

Con el estado de excepción, personal de las Fuerzas Armadas se mantendrá en las calles de las provincias referidas “para complementar las funciones de la Policía Nacional de control operativo en ámbitos requeridos de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público”.

Asimismo, los militares realizarán operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización.

Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, adelantó que personal de las Fuerzas Armadas se mantendría efectuando operativos de control de armas, explosivos y municiones.

Qué significa el estado de excepción contra el delito en Ecuador

El funcionario había mencionado que no era necesaria la aplicación de un decreto ejecutivo para que se desarrollen estos operativos con militares. Indicó que en 30 días, 409.000 personas y 357.000 vehículos fueron registrados en la provincia del Guayas.

Durante los 30 días del estado de excepción que se inició el 18 de octubre, en Guayas fueron detenidas 1.136 personas por diversos delitos, 28 bandas fueron desarticuladas. Asimismo, se decomisaron 202 armas de fuego y 77 armas blancas.

En la provincia de Los Ríos existe preocupación por el repunte delincuencial, por lo que había incertidumbre sobre la declaración de un nuevo estado de excepción que permita a los militares realizar controles en las calles y contrarrestar las cifras de delitos. (I)