Acompañada de decenas de personas y en una caravana en la que hubo cánticos, cornetas y gritos, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, presentó —este martes— una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad que fue aprobada por la Asamblea con el carácter de económico urgente.
La norma está en ejecución, por lo que desde el 1 de junio las prefecturas y municipios deberán cumplir con la “regla mínima” de destinar el 70 % de sus recursos en obra pública y el 30 % para gasto corriente. De lo contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará medidas correctivas.
El 23 de febrero de 2026 se publicó en el Registro Oficial (RO) la Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que está en vigor la aplicación de sus artículos.
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Pabón llegó a la Corte Constitucional (CC) con sus simpatizantes, en cuyo edificio se colocaron mallas metálicas por parte de la Policía.
Según Pabón, es una reforma que afecta el Estado y su funcionamiento administrativo. Argumentó que la Constitución de Montecristi establece un sistema de gobierno descentralizado que permita la equidad territorial, y con esa reforma se estarían afectando esas autonomías.
Explicó que el Código de Descentralización y la Constitución entregan a las prefecturas ocho competencias, tres de las cuales son de infraestructura, mientras que las restantes son de capacitación, asistencia social, emprendimientos, mujeres, juntas de agua. Estimó que habría una reducción de $ 1.000 millones en los presupuestos de los gobiernos locales.
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Como parte de su acción legal, indicó que han solicitado, de manera inmediata, que hasta que la Corte Constitucional (CC) resuelva las distintas demandas que han sido planteadas, se suspenda su aplicación.
La Alcaldía de Quito anunció que este miércoles presentará una demanda contra la reforma al Cootad. (I)
