Una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de paralización de servicio público presentó el Ministerio de Ambiente y Energía.
Según esa cartera de Estado está relacionada con los hechos ocurridos el pasado domingo, 28 de septiembre, con la suspensión del servicio de agua potable en Ibarra y el delito se enmarcaría en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Ese día, indicó esa cartera de Estado, a través de redes sociales, se difundieron imágenes y videos que evidencian cómo un grupo de personas rompió intencionalmente una tubería del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra lo que provocó la interrupción masiva del servicio afectando a miles de familias.
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El Gobierno rechazó cualquier acción que ponga en riesgo derechos fundamentales como el acceso al agua y argumentó que la denuncia busca proteger a la comunidad. (I)
